El expresidente Jair Bolsonaro volvió a ser noticia tras la decisión del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), de mantener su arresto domiciliario por tiempo indefinido. La medida, dictada el 13 de octubre, fue justificada en nombre del “orden público”, aunque su defensa sostiene que no existen fundamentos jurídicos claros y que el caso forma parte de un proceso de persecución política sin precedentes en la historia reciente de Brasil.
Bolsonaro, que ya había sido condenado por un tribunal del Supremo a 27 años de prisión por el supuesto intento de golpe de Estado de 2022, niega haber promovido o instigado cualquier acción ilegal. Sus abogados alegan que las causas abiertas en su contra responden a una estrategia para neutralizar su liderazgo político antes de las próximas elecciones. El exmandatario ha reiterado que las decisiones judiciales que lo afectan están motivadas por odio ideológico y revancha, más que por evidencias.
La figura del juez Moraes, encargado de múltiples procesos contra el exmandatario, ha generado controversia tanto dentro como fuera de Brasil. Diversos juristas y analistas señalan que el STF ha acumulado un poder excesivo, actuando como actor político más que como árbitro judicial. Las reiteradas investigaciones contra Bolsonaro y sus aliados han alimentado las acusaciones de que la justicia brasileña está siendo utilizada para disciplinar a la oposición conservadora, una tendencia que preocupa incluso a sectores independientes.
A nivel internacional, legisladores de países como Estados Unidos, Argentina y España han expresado preocupación por lo que consideran un proceso de lawfare —guerra jurídica— en curso contra el bolsonarismo. Las denuncias apuntan a que se han vulnerado garantías constitucionales básicas, como el derecho a la defensa, el principio de presunción de inocencia y la independencia judicial.
Pese a los embates judiciales, Bolsonaro mantiene una base sólida de apoyo. En varias ciudades, manifestantes han salido a las calles para exigir su liberación y denunciar lo que consideran una “dictadura togada”. Los sondeos más recientes lo ubican como el político con mayor intención de voto entre los conservadores, superando con amplia ventaja a los demás líderes de derecha. Su esposa, Michelle Bolsonaro, ha ganado protagonismo público, convirtiéndose en portavoz del movimiento y símbolo de resistencia frente al sistema.
O medo não é de Bolsonaro fugir, mas dele voltar à Presidência. Covardes. pic.twitter.com/LlMy5kI4ul
— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 13, 2025
El exmandatario, que continúa comunicándose a través de sus redes sociales y de voceros, insiste en que su lucha no es personal sino por la libertad y la democracia en Brasil. En sus palabras, “el poder judicial debe servir a la Constitución, no al revanchismo político”. Su defensa ha adelantado que apelará ante instancias internacionales si las decisiones del Supremo persisten.
En un país polarizado y exhausto por la judicialización de la política, Bolsonaro busca posicionarse como víctima de un sistema que se ha extralimitado. Sus seguidores lo ven como un líder injustamente perseguido, mientras que sus detractores lo señalan como responsable de la crisis democrática. Lo cierto es que el expresidente vuelve al centro del escenario, decidido a dar la batalla por su inocencia y por el futuro del Brasil conservador.