
Un año antes de asesinar a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio, el uruguayo Pablo Laurta había sido sometido a una pericia psicológica y psiquiátrica ordenada por la Justicia de Córdoba. El informe, firmado por especialistas, determinó que “comprendía la criminalidad del hecho y no revestía peligrosidad ni factores psicopatológicos o psiquiátricos de gravedad”.
Esa evaluación se realizó cuando Laurta estaba detenido por violar la orden de restricción que le impedía acercarse a Luna, su expareja. El caso muestra cómo un diagnóstico fallido terminó anticipando un desenlace trágico.
Según precisó Iván Vocos, secretario de la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV Turno 6, a cargo de Jorgelina Gutiez, el acusado fue imputado por desobediencia a la autoridad tras incumplir la perimetral dictada por un Juzgado de Violencia Familiar. Fue aprehendido el 9 de enero del año pasado, indagado el 25 y liberado el 8 de febrero, luego de pasar un mes detenido.
Durante ese período se dispuso la evaluación mental que concluyó que era imputable y no presentaba riesgos para terceros. Aquel dictamen, que sirvió de base para otorgarle la libertad, contrasta hoy con el crimen cometido a sangre fría, cuando Laurta disparó dos veces en la cabeza a Luna y a Mariel.
La joven había denunciado a Laurta en octubre de 2023, tras el fin de una convivencia intermitente entre Uruguay y Córdoba. En su declaración, Luna relató episodios de violencia y la sospecha de que su expareja poseía armas de fuego. La jueza de Violencia Familiar Victoria Jalil intervino de inmediato y ordenó una restricción de acercamiento, un botón antipánico y la colocación de una tobillera electrónica para el agresor.
Pero la medida nunca se concretó. El sistema solo puede activarse cuando el acusado se encuentra en territorio argentino, y Laurta había regresado a Uruguay. La magistrada pidió en cinco oportunidades a Migraciones que informara cualquier ingreso al país para colocarle el dispositivo. Sin embargo, todo indica que Laurta ingresó por vías irregulares o en avioneta, eludiendo los controles.
Desde entonces, la perimetral y el botón antipánico continuaban vigentes. La jueza Jalil aclaró que, incluso cuando una medida de protección vence en día inhábil, se prorroga automáticamente hasta el siguiente día hábil. El viernes previo al ataque, la Policía recibió un alerta del dispositivo de Luna, que había dejado de emitir señal por falta de batería. Fue la última advertencia antes del crimen.
El caso deja al descubierto una cadena de omisiones y evaluaciones erradas. El informe psicológico que descartó su peligrosidad hoy se interpreta como una pieza clave de un sistema que subestimó el riesgo real.
“Comprendía la criminalidad de sus actos”, decía el peritaje. Pero ese mismo hombre planificó y ejecutó un doble femicidio que podría haberse evitado si las medidas dispuestas se hubieran cumplido y si su perfil hubiera sido leído con otra mirada.
El resultado fue devastador: dos mujeres asesinadas y un informe que, lejos de prevenir, terminó avalando la liberación de un femicida en potencia.