Uruguay se encuentra al borde de una decisión histórica que podría cambiar para siempre su concepción sobre la vida y la muerte. El Senado debate la despenalización de la eutanasia, un proyecto que ya cuenta con media sanción en Diputados y que fue impulsado por el Frente Amplio, con apoyo parcial de legisladores del oficialismo. De aprobarse, el país se convertiría en el primero de América Latina en legalizar el procedimiento. Sin embargo, la discusión ha desatado una profunda controversia ética y social.
El proyecto establece que podrán solicitar la eutanasia las personas mayores de edad que padezcan enfermedades crónicas, incurables o irreversibles, y sufran un dolor que “menoscabe gravemente su calidad de vida”. Aunque el texto introduce una serie de controles médicos y jurídicos, sus detractores advierten que las definiciones de “sufrimiento insoportable” o “vida digna” son ambiguas y subjetivas, abriendo la puerta a posibles abusos.
Diversas organizaciones profesionales, entre ellas el Colegio Médico del Uruguay, han pedido mayor claridad en los protocolos y salvaguardas. Algunos especialistas temen que el sistema de salud público no cuente con los recursos suficientes para garantizar un proceso libre de presiones familiares, económicas o psicológicas. También advierten que, en un contexto de precariedad hospitalaria, la eutanasia podría convertirse en una vía fácil frente a la falta de cuidados paliativos.
El sector religioso también ha hecho sentir su voz. La Conferencia Episcopal del Uruguay calificó el proyecto como una “derrota moral” y exhortó a los legisladores a priorizar la protección integral de la vida humana. A su vez, grupos ciudadanos promueven una campaña para que se convoque un referéndum nacional antes de que la ley sea promulgada.
El Batllismo es libertad, dignidad y autonomía ayer, hoy y siempre.
— Robert Silva (@RobertSilvaUy) October 15, 2025
El @SenadoUy vota la Ley de Eutanasia . Nos representa el gran Senador @opepasquet quien ha luchado desde hace años por este derecho. pic.twitter.com/YXt0HK8jH7
Aunque la mayoría del Frente Amplio respalda la iniciativa, los partidos Nacional y Colorado están divididos. Algunos senadores sostienen que el Estado corre el riesgo de legitimar la muerte como solución al sufrimiento, mientras otros defienden el derecho individual a decidir. En los sondeos recientes, la sociedad uruguaya se muestra casi partida en dos, con un leve predominio de apoyo en los sectores urbanos y de rechazo en las zonas rurales.
La inminente votación pone a prueba la reputación de Uruguay como laboratorio progresista del continente. No obstante, detrás de la narrativa de libertad y autonomía individual, muchos advierten que la ley podría abrir un precedente peligroso en una región marcada por la desigualdad y la fragilidad institucional. La pregunta que divide al país no es solo si se debe morir con dignidad, sino quién decide cuándo esa dignidad termina.