Fiscales piden ejecutar el decomiso de bienes de Cristina Kirchner

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron nuevamente al Tribunal Oral Federal N° 2 que se ejecute el decomiso de bienes dispuesto en la condena por el caso Vialidad, que pesa sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás imputados. La medida apunta a recuperar activos por un monto actualizado de 685 mil millones de pesos, considerados producto del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El planteo fue presentado luego de que los hijos de la exmandataria, Máximo y Florencia Kirchner, manifestaran su oposición a que se rematen propiedades que les fueron transferidas por su madre, en marzo de 2016. Los fiscales rechazaron esas objeciones y sostuvieron que los bienes están comprendidos dentro del decomiso solidario ordenado en la sentencia firme dictada por el tribunal, porque la cesión se hizo cuando “el fraude ya estaba consumado”.

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por su rol en la adjudicación irregular de obras viales a empresas del empresario Lázaro Báez durante su gestión presidencial. El fallo, dictado en 2022, incluyó la orden de decomisar bienes y fondos de todos los condenados en forma conjunta, en proporción al perjuicio económico ocasionado.

En su presentación, Luciani y Mola pidieron que el tribunal “avance en la ejecución efectiva” de la sentencia, lo que podría incluir el remate judicial de propiedades y activos financieros vinculados a los involucrados. Los fiscales señalaron que el cumplimiento de la condena económica “es parte esencial de la reparación del daño causado al Estado”.

Los jueces del TOF 2 -Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Fabián Basso- decidieron dar vista previa a las defensas de todos los condenados antes de resolver sobre el pedido de ejecución. Esa instancia permitirá a los abogados plantear sus argumentos o solicitar aclaraciones antes de que se avance con la medida.

En caso de hacer lugar al pedido de los fiscales, el tribunal podría disponer la apertura formal del proceso de decomiso, lo que marcaría una nueva etapa en la causa Vialidad, centrada ya no en la responsabilidad penal, sino en la recuperación patrimonial del dinero público presuntamente desviado.

GZ