Fuerte denuncia contra directivos de ANSES

Una denuncia penal presentada ante la fiscalía del juez federal Guillermo Marijuan involucra a un grupo de altos funcionarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por supuestas actos de corrupción. El expediente ya fue remitido a sorteo para determinar el juzgado donde quedará radicado y podría derivar en una investigación de gran alcance.

Los señalados en la presentación son Fernando Omar Bearzi, Paula Amor, Gastón Palacios, Diego Palma Beltrán, Luis María Abba, Javier López, Hernán Rubén Camino, Cecilia Paula Rosconi, Santiago Adrián Campo, Duilio Giri, Nora Alicia Valido, Gustavo Gioia, Christian Mikkelsen Loth y Gerardo Corti, todos con cargos jerárquicos dentro del organismo previsional.

De acuerdo con el escrito, los denunciados habrían direccionado contrataciones y licitaciones hacia empresas vinculadas a su entorno con el objetivo de obtener beneficios económicos personales mediante sobreprecios y retornos. Las maniobras se habrían coordinado desde la Secretaría General, a cargo de Paula Amor, junto con un grupo de colaboradores de confianza, entre ellos Santiago Adrián Campo, Christian Mikkelsen Loth, Javier López y su chofer, Gastón Palacios.

La denuncia sostiene que Amor habría impulsado contrataciones irregulares con empresas tecnológicas, entre ellas América Virtual S.A., a la que ANSES habría abonado montos considerados “exorbitantes” en comparación con la gestión anterior. Según el documento, una de esas contrataciones alcanzaría los USD 9.000.000, cifra que “se multiplicó groseramente” en los últimos meses sin justificación técnica ni administrativa.

Otro contrato bajo sospecha es el de la empresa SAP, que por licencias, consultoría y soporte paga un monto de USD 19.000.000, previo adelanto de un millón de dólares. También está bajo la lupa el acuerdo con Mainframe de IBM, por USD 44.600.000, con un pago inicial de USD 7.756.000 y el resto en cuotas. En ese caso el proveedor apuntado es GyL.

Los hechos denunciados podrían encuadrarse en los delitos previstos en los artículos 210 (asociación ilícita), 248 (incumplimiento de deberes de funcionario público), y 256 y 258 (cohecho y corrupción) del Código Penal de la Nación, entre otros. Si la Justicia confirma la veracidad de las acusaciones, los funcionarios podrían enfrentar penas de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

GZ