
A pocos días de las elecciones del 26 de octubre, el Congreso nacional mantiene una fuerte actividad en materia de políticas agropecuarias. En este contexto, además de los debates sobre fitosanitarios y biocombustibles, el Gobierno nacional defendió la baja temporal de retenciones que aplicó a finales de septiembre.
El titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, expuso en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara, sobre cuestiones vinculadas al Presupuesto 2026.
Además -y en medio de un clima muy caliente- intentó explicar la implementación del Decreto 682/2025, ante la crítica y las acusaciones de Vilma Ripoll (Frente de Izquierda) y Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre.
“La medida fue una medida excepcional en un momento de crisis financiera, de crisis cambiaria”, dijo el funcionario. Además, recordó que que el objetivo fue evitar que se profundizara la inestabilidad y destacó que “es la primera vez que un gobierno ante una situación similar decidió bajar impuestos”.
Como se recordará, la medida se publicó en el Boletín Oficial un 22 de septiembre y estableció que la baja temporal de los derechos de exportación en granos y subproductos se extendería hasta el 31 de octubre, hasta que se alcanzaran ventas por USD 7.000 millones, o “lo que ocurra primero”.
El resto es historia conocida: en apenas tres días se llegó a ese monto, las retenciones volvieron a sus niveles habituales y al Gobierno nacional le llovieron las críticas de buena parte del arco agroindustrial.
Al momento de justificar esta decisión, Pazo argumentó que “no se pusieron cupos de exportación, no se prohibió exportar carne, no se puso cepo ni se manoteó la billetera de los argentinos”.
Ante los reclamos de Ripoll y Carbajal, el titular de ARCA echó mano a las chicanas. “Se generó una medida que volvió a los productores. Los invito a entender, es una cuenta aritmética. Estamos en la comisión de Presupuesto y todos tenemos la capacidad de entenderlo, y si no les presto una calculadora”.
Los ánimos empezaron a caldearse y en un momento, el presidente de la comisión, Bertie Benegas Lynch, amenazó con levantar la sesión. En este contexto, Pazo ensayó un pequeño pedido de disculpas y continuó con sus explicaciones.
“El día anterior a la medida, la soja en Chicago estaba 370 dólares y en el puerto de Rosario 295 dólares. Cuando tomamos la medida, al día siguiente a la apertura, los productores la pudieron vender en 350 dólares. Aún hoy sigue a ese precio”, explicó. Y agregó: “El 95% de la suba fue al bolsillo de los productores”.