Starmer revela pruebas del caso de espionaje chino y busca calmar tensiones

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, decidió divulgar parte de las declaraciones de testigos clave del reciente caso de espionaje chino que fue archivado por falta de pruebas. La medida, calificada como un gesto de transparencia institucional, busca despejar dudas sobre una posible interferencia política en el proceso judicial.

Los documentos difundidos corresponden a Matthew Collins, vice asesor de Seguridad Nacional, quien describió a China como “la mayor amenaza estatal a la seguridad económica británica” y advirtió sobre su “actividad de espionaje activa” dentro del país. Sin embargo, las declaraciones no llegaron a definir formalmente a Pekín como una “amenaza a la seguridad nacional”, una distinción legal necesaria para sostener la acusación bajo la antigua Ley de Secretos Oficiales de 1911.

Los documentos divulgados pertenecen al viceasesor de Seguridad Nacional, Matthew Collins, y describen actividades de inteligencia china en territorio británico.

Esa ausencia técnica fue determinante para que la fiscalía abandonara el juicio contra los dos británicos acusados de filtrar información a un supuesto agente chino. La decisión generó críticas y abrió una grieta política en Westminster: mientras la oposición acusa al Ejecutivo de encubrir el caso, Starmer insiste en que las pruebas confirman que “no hubo manipulación política ni interferencia del gobierno actual”.

El primer ministro también aprovechó la ocasión para culpar a la administración anterior por no haber actualizado el marco legal que regula la definición de amenazas extranjeras. Según su postura, el gobierno conservador no estableció parámetros claros sobre la clasificación de China, lo que dejó a los fiscales sin sustento jurídico para continuar con la causa.

Desde la oposición, varios legisladores reclaman que se publiquen más documentos internos, incluyendo comunicaciones entre el gobierno y la fiscalía, para aclarar si existieron advertencias previas sobre el fracaso del proceso. Algunos parlamentarios sostienen que la transparencia parcial no alcanza y que aún persisten dudas sobre el manejo del caso dentro del Ejecutivo.

Por su parte, el MI5, la agencia de contrainteligencia británica, reiteró que China, junto con Rusia e Irán, representa una amenaza constante para la seguridad nacional. El organismo instó a reforzar los protocolos de defensa ante ciberataques, filtraciones y operaciones de influencia política.

El caso, que comenzó en 2023 y se desmoronó este mes, expuso las limitaciones de un sistema legal diseñado hace más de un siglo para un tipo de espionaje muy distinto al actual. En un contexto donde las filtraciones digitales y la manipulación tecnológica dominan el escenario, las autoridades reconocen que la legislación deberá ser revisada.

Con esta publicación, Starmer intenta marcar distancia del pasado y reafirmar su compromiso con la rendición de cuentas. Sin embargo, el gesto también deja abierta una pregunta mayor: ¿bastará la transparencia para restaurar la confianza en la justicia, o este episodio seguirá proyectando sombras sobre la política británica y su relación con China?