
Las calles de Ecuador volvieron a llenarse de manifestantes tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel, una medida que disparó los precios del transporte y los alimentos. En respuesta a la ola de protestas que se expande desde la Sierra hasta la Costa, el Ejecutivo ordenó el despliegue de 5.000 militares adicionales para reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas más conflictivas del país.
El Ministerio del Interior justificó la medida alegando la necesidad de restablecer el orden público frente a lo que calificó como “acciones violentas” de grupos organizados. Sin embargo, organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron represión excesiva, detenciones arbitrarias y uso letal de la fuerza contra manifestantes, especialmente en las provincias de Imbabura y Cotopaxi, donde se han registrado varios heridos y al menos un muerto.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) declaró el paro nacional y responsabilizó al gobierno de convertir las comunidades rurales en "zonas de guerra". Los enfrentamientos en Otavalo y Cotacachi se intensificaron durante los últimos días, con bloqueos de carreteras, marchas multitudinarias y denuncias de allanamientos sin orden judicial. Videos difundidos en redes muestran a militares golpeando a manifestantes, lo que ha aumentado la indignación y el temor entre la población.
Desde el Palacio de Carondelet, Noboa insistió en que las medidas son temporales y que su prioridad es proteger la economía nacional ante el aumento del gasto estatal. No obstante, su discurso se enfrenta a un creciente descrédito público, con encuestas que reflejan una caída de más de diez puntos en su nivel de aprobación en apenas dos semanas. El Ejecutivo culpa a movimientos opositores y sindicatos de intentar desestabilizar al gobierno.
🇪🇨🚨| ÚLTIMA HORA: El presidente Daniel Noboa de Ecuador advierte que no retrocederá “ante las mafias” ni ante quienes usan a sus comunidades “como carne de cañón”, durante su ofensiva contra la minería ilegal y protestas indígenas y comunista por el diésel. pic.twitter.com/8L5duol65u
— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) October 16, 2025
El actual conflicto se enmarca en un contexto de militarización creciente. Desde 2024, Ecuador vive bajo una declaración de “conflicto armado interno” que otorga amplios poderes a las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad interna. Analistas advierten que esta línea difusa entre seguridad y represión erosiona las garantías democráticas y agrava la distancia entre el Estado y la ciudadanía.
La oposición política ha comenzado a debatir la posibilidad de interpelar a los ministros de Defensa e Interior, mientras sectores de la sociedad civil exigen una comisión independiente que investigue las muertes y abusos cometidos durante las protestas. La Iglesia y la Defensoría del Pueblo intentan mediar en un diálogo que, por ahora, parece remoto ante la radicalización del gobierno y la creciente frustración popular.