Ley de eutanasia en Uruguay: ¿cuál es la postura argentina?

La reciente aprobación de la Ley de Eutanasia en Uruguay convirtió al país en pionero en América Latina al reconocer el derecho de las personas a poner fin a su vida bajo condiciones médicas controladas. Del otro lado del Río de la Plata, Argentina continúa regida por la Ley 26.742 de Muerte Digna, que solo permite rechazar procedimientos que prolonguen artificialmente la existencia. La diferencia entre ambas legislaciones no es meramente técnica: expresa dos visiones éticas y políticas opuestas sobre la autonomía individual y el papel del Estado ante el sufrimiento.

La norma uruguaya, denominada oficialmente Ley de Muerte Digna y Eutanasia, fue aprobada por amplia mayoría en el Senado tras cinco años de debate. Permite a los mayores de edad con enfermedades irreversibles o incurables, o que padezcan sufrimientos insoportables, solicitar formalmente la eutanasia. El procedimiento debe ser evaluado por dos médicos independientes y puede realizarse en hospitales públicos o privados, con supervisión del Ministerio de Salud. El objetivo, según sus promotores, es garantizar el derecho a morir con dignidad, en igualdad de condiciones con el derecho a recibir cuidados paliativos.

Un enfoque limitado en la legislación argentina

En Argentina, la llamada Ley de Muerte Digna de 2012 no autoriza la eutanasia activa ni el suicidio asistido. La norma reconoce el derecho de los pacientes en estado terminal a rechazar tratamientos médicos desproporcionados o que generen sufrimiento, incluso los de hidratación o alimentación artificial. También permite expresar directivas anticipadas sobre qué procedimientos aceptar o rechazar en el futuro, pero prohíbe expresamente toda práctica destinada a provocar la muerte.

El espíritu de la ley argentina se basa en la libertad negativa: el derecho a no ser sometido a intervenciones médicas no deseadas. En cambio, la ley uruguaya introduce una libertad positiva, es decir, el derecho a decidir activamente cuándo y cómo morir. En términos jurídicos, Argentina se mantiene en el terreno del consentimiento informado, mientras Uruguay da el paso hacia el acto médico de eutanasia como prestación sanitaria regulada.

Hoy es un día triste y doloroso para el Uruguay: el Parlamento se dispone a legalizar la #eutanasia, permitiendo que se provoque la muerte anticipada de los enfermos más vulnerables.

Hoy reafirmamos nuestra postura: se está abriendo una puerta tan injusta como peligrosa, que no… pic.twitter.com/RRB2lI2zgK

— Rodrigo Goñi Reyes (@DipRodrigoGoni) October 15, 2025

Contrastes éticos y políticos

Ambas legislaciones surgen de contextos culturales distintos. En Uruguay, el consenso parlamentario refleja una sociedad con fuerte tradición laica y liberal, donde el Estado asume un rol activo en garantizar derechos individuales incluso en temas moralmente sensibles. En Argentina, el debate sobre la eutanasia sigue abierto, pero enfrenta resistencias de sectores religiosos y médicos que advierten sobre los riesgos éticos de institucionalizar la muerte asistida.

Los defensores de la ley uruguaya argumentan que se trata de un avance civilizatorio, al reconocer que el sufrimiento intolerable puede ser tan limitante como una enfermedad terminal. Sus críticos, en cambio, alertan sobre posibles presiones sociales o familiares hacia los más vulnerables. En Argentina, los proyectos para ampliar la ley hacia un modelo de eutanasia activa aún no lograron consenso político, aunque han sido presentados en el Congreso desde 2021.

Haciendo honor a la mejor tradición liberal y humanitaria del Uruguay votamos la ley de Eutanasia.
Brillante @opepasquet pic.twitter.com/l6SBYd3g9M

— Robert Silva (@RobertSilvaUy) October 15, 2025

Dos modelos de dignidad y libertad

En términos prácticos, la diferencia entre ambas normativas radica en la intencionalidad del acto médico: en Uruguay, el profesional puede intervenir para producir la muerte sin sanción penal; en Argentina, solo puede retirar soporte vital o abstenerse de tratamientos. Mientras en Montevideo el derecho a morir se equipara al derecho a vivir con dignidad, en Buenos Aires la legislación todavía se apoya en la noción de limitar el dolor sin interrumpir activamente la vida.

La comparación revela que América del Sur vive un momento de redefinición bioética. Uruguay dio un paso audaz hacia la autonomía plena del paciente; Argentina, en cambio, conserva un equilibrio más prudente entre libertad y protección. En ambos casos, el desafío es el mismo: cómo acompañar la muerte sin abandonar la humanidad.