
Ni la distancia ni las fronteras logran detener el alcance del régimen de Daniel Ortega. Según una investigación de Reuters, decenas de exiliados nicaragüenses refugiados en Costa Rica, Estados Unidos y Europa denuncian haber sido perseguidos, amenazados e incluso agredidos por individuos vinculados a la inteligencia sandinista. La situación ha generado alarma internacional tras el asesinato del disidente Roberto Samcam en San José en junio de 2025, el tercero ocurrido contra un opositor nicaragüense desde 2023.
Entre las víctimas figura Henry Briceno, activista político que huyó de Nicaragua en 2022 y volvió a escapar este año, tras ser seguido por hombres sin identificación en motocicletas y autos sin placas. “Pensamos que era solo cuestión de tiempo antes de que nos mataran”, declaró a la prensa. Su testimonio refleja un patrón que se repite: el brazo del régimen nicaragüense no se detiene en las fronteras nacionales.
La represión de Ortega ha adquirido un carácter transnacional. Organismos como la ONU y Human Rights Watch han documentado que el gobierno nicaragüense utiliza redes de espionaje, amenazas digitales y persecución de familiares para silenciar a quienes denuncian violaciones de derechos humanos desde el extranjero. Varios refugiados aseguran haber recibido mensajes intimidatorios y amenazas de muerte firmadas con símbolos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Costa Rica, históricamente refugio de miles de nicaragüenses, vive hoy una ola de miedo. Las autoridades locales reconocen la dificultad de proteger a los exiliados, especialmente ante la falta de recursos y el aumento de solicitudes de asilo. Según datos de ACNUR, más de 220.000 nicaragüenses residen actualmente en el país vecino, muchos de ellos perseguidos por su activismo político o religioso.
Desde su regreso al poder en 2007, Ortega ha consolidado un régimen que combina represión política, censura mediática y control absoluto de las instituciones. Más de 3.000 opositores fueron encarcelados o forzados al exilio, entre ellos periodistas, sacerdotes y defensores de derechos humanos. En 2023, el gobierno retiró la nacionalidad a 222 presos políticos y los expulsó del país, una medida condenada como violatoria del derecho internacional.
El propio Ortega, junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, enfrenta denuncias por crímenes de lesa humanidad ante organismos internacionales. Sin embargo, su control sobre el aparato de seguridad y la falta de presión sostenida de la comunidad internacional le han permitido mantenerse en el poder con impunidad.
El creciente miedo entre los exiliados ha revelado la inacción de varios gobiernos de la región. Mientras Costa Rica y Panamá enfrentan limitaciones para ofrecer protección, México y Colombia mantienen un tono ambiguo frente a la represión en Managua. En Europa, España y Bélgica han comenzado a ofrecer programas de reasentamiento, pero la demanda supera con creces la capacidad.
Expertos advierten que la persecución transnacional de Ortega constituye una violación flagrante del derecho internacional y podría configurar un caso de terrorismo de Estado. “Estamos viendo cómo el régimen exporta su maquinaria de miedo y castigo”, señaló la abogada nicaragüense Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
El 18 de julio, la dictadura nicaragüense secuestró a Mauricio Alonso, un noble defensor de las libertades religiosas en el país.
— Agustín Antonetti (@agusantonetti) August 25, 2025
Hoy el régimen de Daniel Ortega lo entregó muerto a su familia.
Estas cosas están ocurriendo en nuestro continente. No nos olvidemos de Nicaragua. pic.twitter.com/ahICnswbvI
A pesar del acoso, la comunidad nicaragüense en el exilio mantiene viva la denuncia. En ciudades como San José, Miami y Madrid, se han multiplicado las protestas y campañas para visibilizar la represión. Grupos de jóvenes y periodistas exiliados organizan redes de apoyo y documentan abusos, buscando romper el cerco informativo impuesto por Managua.
“Ortega podrá borrar nuestras voces dentro del país, pero no podrá silenciar al exilio”, declaró una manifestante en Costa Rica. Sin embargo, el miedo persiste. Mientras el régimen extiende su control más allá de sus fronteras, Nicaragua se hunde cada vez más en la oscuridad de una dictadura que no conoce límites.