La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) manifestó su preocupación por la caducidad del Decreto 514/2021, que venció el pasado 30 de septiembre. La medida, vigente durante cuatro años, permitía compatibilizar el trabajo rural temporario con el cobro de planes sociales y en paralelo, facilitaba la registración laboral y la protección social de miles de familias rurales.
A través de un comunicado, el gremio recordó que la norma había sido clave para garantizar que los trabajadores pudieran acceder al empleo formal sin perder los beneficios sociales. “El Decreto 514/2021 eliminó un obstáculo histórico que desalentaba la registración laboral”, señaló José Voytenco, secretario general de UATRE. Y remarcó que su vigencia permitió “romper el círculo de la informalidad en el trabajo rural”.
Desde UATRE explicaron que la medida beneficiaba principalmente a trabajadores temporarios y migrantes, sectores donde la estacionalidad del empleo es una característica estructural. “Esta política benefició especialmente a las familias migrantes y a las economías regionales, que dependen de mano de obra local y registrada para sostener la productividad”, sostuvo el dirigente.
El pasado 22 de agosto, el gremio presentó formalmente ante el Ministerio de Capital Humano -a cargo de Sandra Pettovello- una solicitud de prórroga del decreto, gestión que contó con el respaldo del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). “Consideramos que su continuidad es esencial para seguir promoviendo el trabajo formal, digno y decente en el ámbito rural”, indicó Voytenco.
Para el gremio, la caída de la compatibilidad entre empleo y planes sociales genera incertidumbre en el sector y puede afectar la producción agropecuaria.
Voytenco participó en una reunión en el Senado de la Nación convocada por la senadora Nora Giménez y también en un encuentro con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el marco del RENATRE. En ambos espacios, reiteró que el Estado debe brindar "una respuesta urgente" para restituir esta herramienta de protección social.
Según el gremio, la falta de una política que garantice la compatibilidad puede profundizar la informalidad en el trabajo rural. “Las políticas laborales deben construirse desde la realidad de quienes trabajan en los campos, empaques y fincas del país”, señaló Voytenco, y agregó que es necesario brindar “previsibilidad y certezas” a los trabajadores.
Desde UATRE insistieron en que la compatibilidad entre trabajo registrado y planes sociales no debe ser interpretada como un beneficio extraordinario, sino como una política pública que reconoce las particularidades del empleo rural. “No es un privilegio, sino una política de equidad que protege a quienes sostienen con su esfuerzo la producción nacional”, afirmó Voytenco.
La entidad recordó que el decreto había sido impulsado en 2021, como parte de un conjunto de medidas destinadas a promover la formalización laboral en las economías regionales. Su aplicación permitió una mejora sostenida en los índices de registración y en el acceso a la seguridad social para trabajadores rurales temporarios.
Con la caducidad del 514/2021, los trabajadores que acepten empleos formales vuelven a quedar expuestos a la pérdida de sus prestaciones sociales, una situación que, según UATRE, desincentiva la registración. “El desafío es lograr que la inclusión laboral no signifique exclusión social”, advirtió Voytenco.
Desde el sindicato señalaron que continuarán gestionando ante el Ministerio de Capital Humano y otros organismos la restitución de la norma. “Seguiremos insistiendo para que esta herramienta fundamental no se pierda y se garantice el derecho de los trabajadores rurales a un empleo formal sin temor a perder sus derechos”, concluyó.