Imputan a empresario por maniobras ilegales con fotomultas en Buenos Aires

La Justicia avanzó con la imputación de Alejandro Trasmonte, presidente de TN GROUP, en el marco de la causa que investiga irregularidades en el uso de tecnología para la detección de infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires.

Según la fiscalía, la empresa habría utilizado equipamiento de terceros sin contar con autorización o licencia del dueño de la tecnología -ante la pasividad de la cartera de Transporte, cuando estaba a cargo de Jorge D´Onofrio- motivando la denuncia de la compañía afectada y su pedido para actuar como querellante en la causa.

Cabe destacar que el exministro renunció por “motivos personales” a fines del año pasado, en medio de una investigación sobre el crecimiento de su patrimonio. Hace pocas semanas se conoció que el exfuncionario provincial está siendo investigado también por lavado de dinero.

De acuerdo con la normativa vigente, cualquier empresa que opere tecnología de detección de infracciones debe registrar el equipamiento como propio o contar con la licencia correspondiente, y solicitar la autorización ante la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, que verifica los requisitos antes de aprobar la instalación.

La investigación sostiene que TN GROUP eludía este procedimiento, aprovechando su vínculo con funcionarios del Ministerio de Transporte, quienes aprobaban solicitudes en tiempos reducidos y permitían el uso de tecnología de terceros sin permiso de los propietarios.

La fiscalía señala que estas maniobras se replicaron en varios municipios, incluyendo Tres Arroyos, La Plata, San Miguel, Almirante Brown, Cañuelas, San Vicente y Presidente Perón, donde se constataron infracciones generadas mediante equipos ilegales. Como consecuencia, Trasmonte fue imputado por estafa, fraude, apropiación indebida y cohecho activo, mientras que los funcionarios implicados enfrentarían cargos de cohecho, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Además, podrían considerarse delitos civiles relacionados con la propiedad intelectual o industrial.

En el marco del proceso, se notificó a los municipios involucrados para que suspendan el uso de los equipos denunciados, dado que la causa penal continúa abierta, y se los intimó a responder por los posibles daños patrimoniales ocasionados.

Con estas medidas, la fiscalía busca desarticular una práctica irregular que, según la investigación, funcionó durante años bajo la supuesta connivencia entre TN GROUP y funcionarios provinciales, y que habría afectado tanto a los derechos de propiedad de las empresas dueñas de la tecnología como a la legalidad en la emisión de infracciones.

GZ