
Una investigación publicada por Sección País expuso un grave caso de presunto uso indebido de fondos públicos en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Los funcionarios José Francisco Lago Rodríguez -subsecretario administrativo- y Alejandro Colombo, director del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), viajaron en primera clase a Bakú, Azerbaiyán, con pasajes que superan los 19 millones de pesos por persona. Oficialmente, la misión fue presentada como una participación en un encuentro internacional de inteligencia. Sin embargo, según el informe, ambos terminaron asistiendo al Gran Premio de Fórmula 1, donde competía el piloto argentino Franco Colapinto.
El itinerario, tramitado a través de la agencia All Seasons, incluyó escalas en San Pablo y Doha. Lo más llamativo, según Sección País, fue que Lago Rodríguez salió de Ezeiza sin equipaje y regresó con tres valijas, lo que encendió alertas aduaneras. A pesar de los requerimientos de información, la SIDE no ofreció aclaraciones sobre el contenido de esas valijas ni sobre el origen de los fondos utilizados.
Fuentes diplomáticas consultadas por el medio confirmaron que la embajada de la República Argentina en Bakú fue notificada del arribo de los funcionarios. Según trascendió, ningún funcionario de la misión fue enviado a recibirlos al aeropuerto, ya que el viaje no figuraba en la agenda oficial del cuerpo diplomático. “Nos enteramos de su presencia cuando las redes sociales locales comenzaron a difundir imágenes del Gran Premio”, declaró bajo reserva un integrante de la delegación argentina.
La Cancillería, por su parte, evitó pronunciarse oficialmente. Sin embargo, fuentes internas admitieron malestar por el uso de un evento de inteligencia como pretexto para una actividad privada. En círculos políticos cercanos al Congreso, la noticia generó pedidos de informes inmediatos y la apertura de un sumario administrativo que podría alcanzar al titular del SIA.
El escándalo tomó fuerza cuando el diputado Esteban Paulón presentó una solicitud formal ante la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso para investigar el viaje. En su escrito, Paulón advirtió que podrían configurarse delitos de malversación de fondos y peculado, e insistió en que se revisen las facturas, órdenes de servicio y rendiciones de viáticos. “Es inaceptable que en medio de un ajuste general, funcionarios utilicen recursos del Estado para viajes de placer”, declaró.
La Bicameral, presidida por Martín Lousteau, deberá evaluar si cita a los responsables para que den explicaciones. El caso se produce en un contexto especialmente sensible para el Gobierno, que enfrenta denuncias por gastos reservados y por falta de control sobre los movimientos financieros de la SIDE.
En el entorno presidencial, el episodio fue recibido con malestar y preocupación. Fuentes de la Casa Rosada reconocieron que el hecho “daña la credibilidad del sistema de inteligencia” y pone en duda los mecanismos de supervisión de fondos reservados. Hasta el momento, ni Lago Rodríguez ni Colombo ofrecieron declaraciones públicas ni informes internos sobre el motivo real de su presencia en Azerbaiyán.
El escándalo también expone la ausencia de controles sobre los viajes de funcionarios del área de inteligencia, tradicionalmente amparados bajo el secreto institucional. Sin embargo, la falta de transparencia y la filtración de datos en redes sociales -incluidas fotografías tomadas en el circuito de Bakú- evidencian un manejo imprudente que compromete tanto la imagen del Gobierno como la del país en el exterior.
La participación informal de funcionarios argentinos en un evento deportivo mientras representaban al Estado genera tensión diplomática con Azerbaiyán y proyecta una imagen de frivolidad en un área que exige máxima discreción. La Cancillería argentina analiza ahora reforzar los protocolos para los desplazamientos de agentes y exigir informes previos a las embajadas cuando se realicen viajes oficiales vinculados a organismos de seguridad o inteligencia.
El caso, que sigue bajo investigación parlamentaria, deja en evidencia un problema estructural: la falta de rendición de cuentas en el uso de fondos reservados. Si se confirma el desvío de recursos, el episodio podría escalar a la Justicia federal y abrir un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y los organismos de control.