La investigación por el triple narcofemicidio de Florencio Varela sumó un nuevo elemento de horror. En su última declaración ante el fiscal Adrián Arribas, Celeste Magalí González Guerrero —una de las nueve personas detenidas— reveló que durante las torturas a las tres jóvenes asesinadas, uno de los principales acusados, Tony Jansen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, habría llamado a un familiar de una de las víctimas para exigir la devolución de la droga que desencadenó la masacre.
Según relató González Guerrero, la llamada se hizo “desde el celular de ‘J’ con Lázaro Víctor Sotacuro, alias ‘El Duro’”, mientras las chicas eran golpeadas y mutiladas. “Creo que era a la familia de Brenda”, precisó, en referencia a Brenda Del Castillo, una de las víctimas. La detenida aseguró que la comunicación se produjo mientras las jóvenes eran torturadas y filmadas dentro de su vivienda de la calle Chañar 702, donde residía con su hijo desde 2020.
En su testimonio, Celeste volvió a insistir en que desconocía que iban a matar a las chicas. “Si lo hubiera sabido, nunca habría permitido que usaran mi casa”, dijo ante el fiscal. Contó que había pedido a “Pequeño J” que solo utilizaran su habitación y no la de su hijo, aunque al regresar encontró el cuarto destrozado y sin cama.

La mujer relató que esa noche su pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva, apareció con una herida en la mano y que luego le confesó que se la había hecho “al apuñalar a una de las chicas que quiso escapar”. También le contó que “a la última la habían asfixiado con ‘Pequeño J’”.
Durante su declaración, Celeste mencionó además a otros integrantes del grupo: “Paco”, “Nero”, Matías Ozorio y Ariel Giménez, a quienes vinculó con el cavado y tapado del pozo donde fueron enterrados los cuerpos. Sostuvo que Villanueva le ordenó pagarle a Giménez “entre 50.000 y 60.000 pesos” por haber tapado el pozo.
Sin embargo, la imputada se negó a participar en un careo con los demás acusados por temor, pero aportó detalles que podrían complicar a los principales sospechosos. Su declaración apunta directamente a “Pequeño J” como quien dirigía el operativo, coordinaba las llamadas y ordenaba las torturas en busca de recuperar la droga perdida.
González Guerrero está procesada por privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio triplemente agravado —por alevosía, ensañamiento y concurso premeditado de dos o más personas—, en concurso real.