La Justicia ordenó restituir todas las pensiones suspendidas por la ANDIS y crece la tensión en el organismo

El Juzgado Federal N°2 de Catamarca, a cargo de Guillermo Díaz Martínez, dictó este viernes una resolución clave: ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituir en el plazo de 24 horas todas las pensiones no contributivas suspendidas o retenidas a nivel nacional.

La medida judicial amplía una cautelar previa y se inscribe dentro de una acción colectiva impulsada por organizaciones como la Asociación Azul, la ACIJ, el CELS y personas afectadas, con patrocinio de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. En su resolución, el juez determinó que la suspensión masiva de beneficios afectó “de manera uniforme a miles de titulares” y que el caso reviste “carácter colectivo” por compartir “una misma causa fáctica y normativa”.

En su fallo, Díaz Martínez dispuso que la ANDIS deberá restablecer los haberes retenidos, abstenerse de realizar nuevas suspensiones y detener las auditorías basadas en el decreto 843/2024, hasta que se emita una sentencia definitiva. Además, designó como representantes del colectivo actor a la Asociación Azul y a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFaDiM), destacando su trayectoria en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

La resolución se conoció en medio de una fuerte tensión en la sede central de la ANDIS, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. Allí, un grupo de familiares, profesionales y trabajadores del ámbito de la discapacidad se manifestó para exigir la promulgación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso pero aún sin implementación efectiva.

Durante la protesta, los manifestantes intentaron entregar un petitorio al interventor del organismo, Alejandro Vilches, quien se negó a recibirlo, lo que generó enojo entre los presentes. “Fue un acto de desprecio y maltrato. Estamos agotados. Que ni siquiera acepte un petitorio es un montón. Es un destrato, un maltrato”, expresó la actriz Valentina Bassi, una de las participantes de la movilización.

La ANDIS permanece intervenida desde que se revelara un escándalo de corrupción en su interior, tras una investigación periodística en la que se difundieron audios del exdirector Diego Spagnuolo, donde se detallaban maniobras irregulares que involucrarían a funcionarios nacionales y empresas proveedoras, como Droguería Suizo Argentina S.A.

Las mismas investigaciones también expusieron que el Gobierno había ordenado la baja de medio millón de coberturas durante 2025, muchas de ellas ejecutadas sin revisión médica ni criterio técnico, mientras empleados del organismo eran premiados por la cantidad de suspensiones realizadas. Con este nuevo fallo judicial, el conflicto en torno a la política de discapacidad del Gobierno nacional suma un nuevo capítulo.

GZ