Olmedo López y Sneyder Pinilla: los contratos que agitan a Colombia

El caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) volvió a sacudir el panorama político colombiano. Lo que parecía una denuncia aislada contra Olmedo López y su mano derecha, Sneyder Pinilla, hoy se perfila como un entramado mucho más amplio, donde las conexiones políticas y los intereses territoriales se cruzan en una compleja red de favores. Los contratos firmados en los últimos días de su gestión -por más de 340.000 millones de pesos- dejaron huellas que ahora apuntan hacia poderosos aliados no mencionados.

Los convenios exprés con entidades como Corantioquia, Corpourabá, y los municipios de Girón y Sabana de Torres fueron aprobados en tiempo récord y con criterios poco claros. Varios de ellos incluso alcanzaron a girar recursos antes de ser frenados por el nuevo director, Carlos Carrillo, quien denunció el intento de saquear fondos públicos. Sin embargo, la mayor pregunta persiste: ¿quiénes se beneficiaban realmente detrás de Olmedo y Pinilla? Las pistas conducen a nombres que no han aparecido ni en las declaraciones de los implicados ni en las líneas de investigación de la Fiscalía.

Aliados invisibles

La columna de El País apunta hacia dos congresistas antioqueños, Julián Bedoya y Carlos Trujillo, como figuras con posible influencia sobre las corporaciones firmantes. Ambos habrían mantenido vínculos con Corantioquia y Corpourabá, organismos clave en la ejecución de esos contratos. Además, el abogado José Fernando Tobón Roldán, quien participó en las negociaciones, fue posteriormente designado en un cargo público nacional, un ascenso que despierta sospechas sobre los respaldos políticos que lo sostuvieron. Nada de esto aparece en las versiones oficiales, lo que fortalece la idea de una protección selectiva dentro del sistema.

Estas omisiones contrastan con el tono moralizante que Olmedo y Pinilla han adoptado en sus recientes apariciones judiciales. Ambos se presentan como “arrepentidos cooperantes”, pero sus declaraciones esquivan los nombres que podrían comprometer a pesos pesados del Congreso. En la práctica, el silencio sobre sus verdaderos aliados ha limitado la efectividad de la investigación y ha permitido que la responsabilidad se concentre únicamente en ellos, mientras el esquema político que facilitó las irregularidades permanece intacto.

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El costo político del silencio

El nuevo liderazgo de la UNGRD ha intentado revertir contratos y denunciar irregularidades, pero enfrenta una estructura de poder regional que se resiste a desaparecer. Los convenios con corporaciones ambientales y alcaldías aliadas revelan un patrón: el uso de la gestión del riesgo como fuente paralela de financiación política, una práctica que erosiona la confianza en el Estado y distorsiona la función social de la entidad. La impunidad parcial alimenta la percepción de que los vínculos entre política y corrupción son tan profundos que ni siquiera las confesiones públicas los exponen completamente.

La falta de sanciones ejemplares podría tener consecuencias más amplias que un simple escándalo administrativo. Este caso refleja la dificultad estructural de Colombia para desmontar redes clientelares que sobreviven a los cambios de gobierno. Mientras algunos actores quedan inhabilitados o judicializados, otros continúan ocupando cargos, blindados por pactos informales. La historia de la UNGRD no es solo la de un fraude institucional, sino la radiografía de un país donde la corrupción se camufla entre los silencios de sus propios protagonistas.