En Casa Rosada
21/10/2025 - Edición Nº987
Política
Universidades públicas
Congreso y Gobierno en debate por la financiación de la Ley Universitaria
21/10/2025 | Aunque el Congreso había ratificado la norma tras el veto de Milei, el Ejecutivo dispuso que no se aplicará hasta que se definan las fuentes de recursos. Docentes y estudiantes reclaman su cumplimiento con un paro nacional.
Las movilizaciones reunieron a multitudes reclamando el financiamiento universitario.
El Gobierno oficializó este martes la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, aunque su implementación quedó en pausa hasta que el Congreso determine cómo se solventarán los gastos que demanda. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 759/2025, que pone en vigor la Ley 27.795, ratificada el 2 de octubre luego de que el Parlamento rechazara el veto del presidente Javier Milei.
El texto crea un régimen de financiamiento estable para las universidades públicas, destinado a recomponer los salarios de docentes y no docentes, sostener programas de investigación, becas estudiantiles y desarrollo tecnológico. También dispone que las remuneraciones se actualicen de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Sin embargo, el decreto aclara que la norma no podrá aplicarse hasta que el Poder Legislativo precise los fondos necesarios. De acuerdo con estimaciones oficiales, la puesta en marcha integral del sistema exigiría más de un billón de pesos en 2025 y superaría los dos billones en 2026, montos que el Ejecutivo calificó de “insostenibles” sin financiamiento garantizado.
En los considerandos, el Gobierno cuestiona que el Congreso “no especificó de manera fehaciente” cómo se cubrirán esas erogaciones, y advierte que ejecutar la ley sin respaldo presupuestario violaría la normativa vigente sobre administración del gasto público.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) respondió con un paro de 48 horas que comenzó este martes, en reclamo de la aplicación inmediata de la ley y de una recomposición salarial. Durante la jornada, se realizan asambleas y protestas en distintas universidades del país bajo la consigna “Defendamos la educación pública”.
La decisión de postergar su ejecución replica lo ocurrido con otras normas sociales, como la Ley de Emergencia Pediátrica y la Ley de Discapacidad, promulgadas por el Ejecutivo pero aún sin efectos concretos. La controversia vuelve a tensionar la relación entre el Gobierno y el sistema universitario en un contexto de fuerte ajuste y restricción fiscal.
