Molinos Agro y Louis Dreyfus Company apuntan contra una acreedora en la causa Vicentin

La novela por la compra de la cerealera Vicentin sumó un nuevo capítulo. A finales de la semana pasada, las firmas Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC)  presentaron una propuesta para comenzar a cerrar el negocio.

Como se recordará, el plan conjunto contempla el pago inmediato del 80% de la deuda y opción de recuperación total de hasta el 90%. Pero esta semana comenzó con novedades, que suman tensión a una historia extensa, plagada de polémicas y que no termina de cerrarse. 

Molinos Agro y LDC presentaron ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Reconquista, Santa Fe, -a cargo del juez Fabián Lorenzini- una solicitud de exclusión del voto de la acreedora Avir South S.A.R.L. del cómputo de mayorías en el marco del procedimiento de “cramdown” de la empresa santafesina. 

Cuáles son los argumentos

En un comunicado conjunto, las dos compañías advirtieron que Avir South está “controlada indirectamente por CIMA, Grassi y sus abogados” y que es una acreedora “que no habría sido parte del proceso original”.

En  este punto, remarcaron que Avir South adquirió sus créditos con posterioridad, en el contexto de una alianza entre Grassi S.A. y CIMA Investments S.A. Las empresas sostienen que la operación se realizó a través de una estructura financiera y societaria offshore que afectaría la transparencia del procedimiento.

Según la documentación aportada en la presentación, los fondos con los que Avir South adquirió sus créditos (equivalentes al 37% del pasivo computable de Vicentin) provinieron de Soripel S.A. (sociedad uruguaya), controlada por Esteban Nofal, presidente de CIMA Investments y apoderado de Avir South. 

Las dos compañías también remarcaron que Soripel, a su vez, recibió esos fondos de Scarlett Sunset Ltd. (sociedad de Bahamas), vinculada a la familia Grassi; Comfi S.A. (Rosario), cuyos directores son socios del estudio jurídico Casanova -que asesora a Grassi-; y de Invergrain Corp. (sociedad de las Islas Vírgenes Británicas), presumiblemente vinculada a CIMA.

“Nuestra presentación busca preservar la transparencia del proceso y garantizar que los acreedores genuinos mantengan el poder y la libertad de decidir entre las propuestas presentadas. No puede permitirse que estructuras indirectas predeterminen el resultado de un concurso de esta magnitud”, señalaron Molinos Agro y LDC.