Exmagistrado acusado de narcotráfico: ¿cómo afecta a Costa Rica?

La detención del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez ha sacudido el sistema político costarricense y reavivado una discusión que el país evitó durante años: la penetración del narcotráfico en sus instituciones. Requerido por la Justicia de Estados Unidos por conspiración y tráfico internacional de cocaína, su caso representa un punto de inflexión en la imagen de Costa Rica como “isla de estabilidad” en Centroamérica. Washington ha solicitado su extradición, amparándose en la reciente reforma constitucional que permite enviar nacionales a juicio fuera del país.

Durante años, Gamboa fue visto como un funcionario modelo. Fiscal anticorrupción, viceministro, luego ministro de Seguridad y finalmente magistrado, simbolizaba la carrera meritocrática dentro del Estado. Pero su nombre ya había quedado manchado tras el escándalo del “cementazo”, que lo apartó del Poder Judicial en 2018. Hoy, las acusaciones de la DEA lo sitúan como pieza clave en una red de protección a narcotraficantes locales, capaz de filtrar información de operativos y garantizar impunidad en las costas caribeñas.

El nuevo rostro del crimen político

El expediente judicial revela que Gamboa habría brindado alertas sobre acciones policiales a un grupo encabezado por un capo conocido como “Diablo”. La DEA asegura que la operación permitió el envío de cocaína desde Limón hasta puertos del Golfo de México, con logística militar y cobertura institucional. Esta relación entre crimen y política confirma lo que muchos analistas venían advirtiendo: Costa Rica dejó de ser solo un punto de tránsito para convertirse en un nodo estratégico del narcotráfico regional.

La reacción del Gobierno ha sido ambivalente. Mientras el presidente Rodrigo Chaves celebró la colaboración con Estados Unidos como una muestra de transparencia, la oposición acusa al Ejecutivo de usar el caso para distraer de los problemas de seguridad interna. El país cerró 2024 con una tasa récord de homicidios -17,2 por cada 100.000 habitantes- y con un Ministerio de Seguridad debilitado. La extradición de Gamboa, aseguran sus detractores, no solucionará la crisis estructural que permite la infiltración del crimen en la justicia y la policía.

Lo que está en juego

La discusión trasciende el caso individual. Costa Rica se enfrenta a una decisión histórica: delegar la justicia en manos extranjeras o reconstruir su propio aparato judicial. La extradición de Gamboa podría marcar un precedente, pero también abrir la puerta a un nuevo tipo de dependencia institucional. Para muchos juristas, aceptar el proceso sin fortalecer los controles internos sería “una victoria simbólica para EE.UU., pero una derrota moral para el país”.

En el plano internacional, el caso se interpreta como parte de una estrategia más amplia de Washington para reafirmar su influencia en Centroamérica a través de la cooperación antidrogas. La figura de Gamboa, por tanto, se convierte en un instrumento geopolítico tanto como judicial: un rostro visible de la corrupción que legitima la intervención extranjera en temas de seguridad y justicia.

Celso Gamboa Sánchez.

Un espejo incómodo

El exmagistrado insiste en su inocencia y denuncia persecución política. Pero más allá de su destino personal, el proceso ha dejado al desnudo una verdad incómoda: la frontera entre poder político y crimen organizado es cada vez más difusa en Costa Rica. Si el país no redefine sus mecanismos de control y rendición de cuentas, corre el riesgo de consolidar una “justicia tercerizada” donde los escándalos se resuelven en tribunales ajenos.

El caso Gamboa, más que una excepción, parece ser un síntoma de un sistema que perdió la capacidad de autodepurarse. Su extradición podría convertirse en un triunfo diplomático o en una confesión de impotencia nacional. Lo que está claro es que, tras este episodio, Costa Rica ya no podrá sostener su imagen de paraíso jurídico y pacífico ante la mirada internacional.