Santiago Caputo en el ojo de la tormenta por un duro proyecto de Paulón y Fein

Los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un pedido de informes sobre la situación de Santiago Caputo.

En ese sentido, exigieron que se informe si Caputo desempeña actualmente funciones dentro de la Administración Pública Nacional, bajo qué modalidad contractual o ad honorem, y con qué dependencia jerárquica.

Además, buscan saber si el Poder Ejecutivo prevé su designación como ministro o secretario de Estado, indicando en su caso el área específica y competencias asignadas.

Por otro lado, solicitaron saber si ha presentado la declaración jurada patrimonial integral y de intereses.

En ese sentido, los diputados opositores instaron al Gobierno a que, en caso de efectuarse el nombramiento de Caputo o de cualquier otro asesor o asesora con funciones ejecutivas, garantice el cumplimiento estricto de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, y la publicación de los actos administrativos de designación en el Boletín Oficial.

“La designación, modalidad de contratación y el rol central y de carácter decisorio de Caputo en la gestión Milei ha sido materia de preocupación y cuestionamientos reiterados en el marco de los principios y estándares mínimos de transparencia, ética, rendición de cuentas y responsabilidad que el ejercicio de la función pública”, fundamentaron los legisladores.

Así, subrayaron que “si bien Caputo es reconocido como uno de los asesores más cercanos al Presidente y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, su intervención pública no está respaldada por una designación formal en las más altas esferas de gobierno, generando dudas sobre la legalidad, transparencia y control de su accionar”.

De esta manera, consideraron que “es a todas luces absurdo y legalmente inadmisible que, bajo el paraguas de categoría de contratación de asesores/as o consultores/as técnicos, se habilite la posibilidad de delegar funciones y negociaciones propias de la función pública y responsabilidades propias de las más altas esferas de gobierno sin la obligación de rendir cuentas de dichos actos”.

“Los cuestionamientos a Santiago Caputo encuentran sustento en normas constitucionales y legales que garantizan la responsabilidad funcional y el control republicano. La ausencia de designación formal en un cargo decisorio, y la consecuente opacidad de la situación en términos de rendición de cuentas y controles administrativos configura un problema jurídico e institucional que trasciende la coyuntura política”, completaron los diputados.

FA