
La diputada de Chubut que responde a Ignacio Torres, Ana Clara Romero, presentó un proyecto para remover a Lorena Villaverde de la presidencia de la comisión de Energía y Combustibles.
El proyecto se fundamenta en un informe del canal A24 “en el cual se señalan antecedentes sumamente preocupantes de la mencionada diputada”.
“Según dicho informe, la diputada Villaverde habría estado detenida en los Estados Unidos por causas vinculadas al tráfico de estupefacientes, encontrándose incluso impedida de ingresar nuevamente a ese país por presunta vinculación con el narcotráfico”, indicó Romero.
De esta manera, la legisladora de Chubut aseguró que “el proyecto se fundamenta en la imperiosa necesidad de preservar la probidad ética, la confiabilidad institucional y la seriedad del Honorable Congreso de la Nación ante los mercados, los inversores y la ciudadanía en su totalidad”.
Cabe destacar que Romero será la cabeza de lista del espacio de Torres en Chubut para renovar por otros cuatro años, mientras que Villaverde, a pesar de los cuestionamientos y acusaciones, competirá el próximo 26 de octubre para llegar al Senado representando a Río Negro.
Villaverde también fue apuntada por su relación personal con Claudio Alberto Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Fred Machado, empresario investigado por lavado de dinero y vínculos con redes del narcotráfico que recientemente fue extraditado a Estados Unidos.
“Sin perjuicio de los hechos mencionados deben ser objeto de la debida verificación judicial o administrativa, su sola trascendencia pública afecta de manera directa la imagen institucional del Congreso Nacional y, particularmente, de una comisión estratégica como la de Energía y Combustibles, donde la materia, más allá de las cuestiones técnicas y de los pormenores propios de la actividad, exige un marco de estabilidad, confianza y previsibilidad que claramente el prontuario de la actual presidenta, vinculado a situaciones irregulares, delictivas y actividades mafiosas propias del narcotráfico, dista de brindarle”, subrayó la legisladora chubutense.
Así, agregó que “resulta asimismo absolutamente contradictorio e insostenible frente a los mercados e inversores que, en materia energética, el Gobierno Nacional respalde a una representante que tiene vedado el ingreso a los Estados Unidos por decisión de ese país. Tal circunstancia genera un evidente conflicto de coherencia institucional, máxime cuando la propia administración nacional promueve a los Estados Unidos como socio estratégico de la Argentina en el ámbito político y económico”.
FA