El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 3 de Rosario condenó a penas de entre 5 y 19 años y medio de prisión a seis integrantes de una banda criminal que entre 2021 y 2023 planificó y ejecutó secuestros extorsivos con familiares de empresarios como víctimas en Rosario y Villa Ramallo.
El tribunal, integrado por los jueces Eugenio Martínez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, dio a conocer el veredicto el 3 de octubre y publicó los fundamentos el 14 del mismo mes en una resolución de casi 300 páginas. Los magistrados consideraron acreditado que los acusados conformaban una organización criminal compleja, estable y con un alto grado de profesionalismo.
Las penas más severas recayeron sobre el comerciante Claudio Daniel Coto (63), condenado a 19 años y 6 meses de prisión como líder ideológico, y el mecánico Néstor Adrián Santabaya (61), sentenciado a 17 años y 6 meses como jefe operativo. Ambos fueron considerados coautores de secuestros extorsivos agravados, robo agravado, amenazas y extorsión en grado de tentativa, entre otros delitos.
Por los mismos hechos, el tribunal condenó a Emiliano Mario Andrés Acuña (38) y Sebastián Ezequiel Pugliese (47) -este último declarado reincidente- a 14 años de prisión. En tanto, Nicolás Adrián Santabaya (32), hijo del jefe operativo, y Silvia Beatriz López (44), pareja de Pugliese, recibieron 5 años de cárcel cada uno.
Las condenas fueron acordes con lo solicitado por el fiscal general Federico Reynares Solari, quien encabezó la acusación junto al auxiliar fiscal Rodrigo Romero y la fiscal coadyuvante María Virginia Sosa. La investigación fue desarrollada por la Unidad Fiscal Rosario y la Sede Descentralizada San Nicolás, con colaboración de la UFECO y la Policía Federal Argentina.
Entre las pruebas determinantes se destacaron las intervenciones telefónicas, la geolocalización de celulares, peritajes de voz y el análisis del modus operandi, que se repitió en todos los casos: las víctimas eran vigiladas previamente, capturadas con identidades falsas y liberadas en zonas rurales tras el cobro -o intento de cobro- de los rescates.
Uno de los hechos más graves ocurrió en enero de 2023, cuando un empresario fue secuestrado en Villa Ramallo por falsos policías y liberado tras el pago de 580.000 dólares. Días después, en Rosario, una mujer y su hijo de 13 años fueron raptados y mantenidos cautivos en una casa de San Nicolás, aunque finalmente recuperaron la libertad sin que se concretara el pago.
El fallo destacó que la organización operaba “con una logística propia de una fuerza de seguridad paralela”, que incluía el uso de teléfonos de distintos niveles, vehículos acondicionados y alquileres de casas mediante identidades falsas.
Con la sentencia, el tribunal dio por desarticulada a una de las bandas de secuestradores más sofisticadas que operó en la región en los últimos años.