La Causa ANDIS entra en una etapa clave. Por primera vez, la Cámara Federal porteña intervendrá el próximo martes 28 de octubre para revisar los planteos de nulidad en la investigación que analiza presuntos pagos de sobornos por parte de droguerías en la compra de medicamentos de alto costo destinados al área de discapacidad.
El caso involucra a la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, cuyos recursos fueron rechazados por el juez federal Sebastián Casanello. Ahora, la discusión pasará a la Sala II del tribunal de apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, que convocaron a una audiencia presencial para evaluar los argumentos de las defensas.
A los planteos de los Kovalivker se sumó el del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, también imputado en el expediente. El tribunal deberá decidir si confirma el rechazo de Casanello o si, por el contrario, da curso a los reclamos que podrían frenar la pesquisa.
El fiscal Franco Picardi, quien impulsa la investigación, pidió el 9 de octubre la realización de 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares, al detectar supuestas irregularidades en las compras y un esquema de direccionamiento dentro de la agencia. El expediente se encuentra bajo secreto de sumario.
Casanello había desestimado los pedidos de nulidad, al entender que los argumentos eran “errados y contradictorios” y que solo buscaban “entorpecer una pesquisa incipiente”. Esa posición será ahora defendida por la fiscalía ante la Cámara.
El planteo central de la defensa apunta al origen de la causa: los audios del ex funcionario Spagnuolo, en los que se mencionan a Suizo Argentina y, según trascendió, aparecen referencias a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. Los abogados sostienen que esas grabaciones fueron obtenidas de manera ilegal y que, incluso, podrían haber sido “adulteradas o generadas con inteligencia artificial”.
“Pedimos la nulidad absoluta del caso porque se inició en base a material ilícito”, argumentó el abogado Martín Magram, representante de los Kovalivker.
La decisión de la Cámara será determinante para el futuro del expediente: si confirma el fallo de Casanello, la investigación por presunta corrupción en el sistema de salud para personas con discapacidad continuará su curso. Si no, podría abrirse un capítulo que reconfigure una de las causas más sensibles del momento.