Lo que no funcionó en la gestión de Cúneo Libarona

Durante sus casi veinte meses al frente del Ministerio de Justicia, Mariano Cúneo Libarona pasó de ser una apuesta polémica con expectativas altas a convertirse en un símbolo de las contradicciones del proyecto judicial del gobierno.

Lo que se esperaba como un salto institucional terminó siendo una gestión plagada de tropiezos, ausencias de logros estructurales y conflictos políticos constantes.

1. El naufragio de sus candidatos a la Corte

Uno de los ejes donde su derrota fue más visible es en los nombramientos para la Corte Suprema. Cúneo Libarona impulsó las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla con fuerza desde el Ejecutivo, procurando convertirlos en jueces con pliegos aprobados en el Senado.

Pero esos pliegos nunca prosperaron: aunque fueron debatidos en la Comisión de Acuerdos en 2024, terminaron siendo rechazados en abril de 2025 luego de haber sido designados en comisión, una maniobra cuestionada por su cercanía al límite de la Constitución Nacional. 

Este fracaso no solo dejó vacantes críticas sin ocupar en la Corte, sino que además socavó la narrativa de que el gobierno tenía músculo político para reconfigurar el máximo tribunal.

2. Vacantes judiciales sin resolver: promesas incumplidas

Otra asignatura pendiente fue la cobertura de vacantes judiciales. Se calcula que durante su gestión quedaron sin concretarse más de 330 vacantes entre tribunales federales, fiscales y defensores nacionales. 

La oposición y el Senado le reprocharon al Poder Ejecutivo no enviar los pliegos necesarios o no impulsar los procesos de nombramiento con celeridad. En un Ministerio de Justicia que debía ser la punta de lanza institucional, esa demora fue interpretada como una inacción o incapacidad frente a una urgencia estructural.

3. Reformas anunciadas, pero poco ejecutadas

Cúneo Libarona llegó con la promesa de reformas técnicas importantes: uno de los proyectos fue modificar el Código Procesal Penal Federal, iniciativa enviada al Congreso y presentada en acto público. Pero el avance legislativo real fue limitado, y todavía muchas de esas reformas están pendientes de tratamiento.  

También propuso baja de la edad de imputabilidad (de 16 a 14 años), una iniciativa controversial que generó debates éticos y jurídicos, pero sin consenso ni aterrizaje claro en normativa concreta. 

4. Distracciones políticas y discursos polémicos

Las declaraciones en materia de género, diversidad sexual y “valores tradicionales” fueron un foco de rechazo público. En una sesión de la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, dijo: “Rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología, son inventos subjetivos (…) nuestro valor es la familia”. 

Ese discurso no solo generó repudio de organizaciones de derechos humanos y diversidad, sino que expuso una mirada regresiva frente a leyes nacionales que garantizan la identidad de género, el matrimonio igualitario y la no discriminación. 

Esas declaraciones desviaron la atención pública de los vacíos estructurales del Ministerio hacia polémicas ideológicas, lo que según críticos terminó siendo una estrategia de distracción frente al escaso desempeño institucional.

5. Dependencia y falta de protagonismo frente a poderes internos

Aunque era ministro de Justicia, buena parte del protagonismo del área quedó en manos del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde al asesor presidencial Santiago Caputo.

La conducción efectiva del ministerio se interpretó varias veces como subordinada, con Cúneo Libarona más como figura visible que como ejecutor independiente. La falta de un liderazgo autónomo reforzó la crítica de que su rol fue más decorativo que estratégico.

6. Salida anticipada sin rendir cuentas claras

Que su renuncia se produzca antes de las elecciones y sea comunicada semanas antes al entorno presidencial añade sospechas de desgaste político más que desgaste administrativo. 

Aunque él aduce motivos personales y de salud, fuentes oficiales indican que existía malestar en la Casa Rosada con los resultados de su gestión. 

Al dejar el cargo, queda un saldo de promesas incumplidas: una Corte sin nuevos jueces, vacantes institucionales sin cubrir, reformas técnicas sin aterrizaje real, y declaraciones que generaron más ruido que construcción. La transición deja el Ministerio de Justicia con un mapa de desafíos pendientes para su sucesor.

FS