Petro busca cambiar la Constitución: ¿una amenaza a la democracia?

El gobierno de Gustavo Petro avanza en su plan de reforma política con la presentación de un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una movida que muchos interpretan como un intento de reconfigurar el poder político en Colombia. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó el texto que habilita una iniciativa popular para recoger firmas y activar el proceso. Según el Ejecutivo, la medida busca “actualizar la democracia”, pero críticos advierten que podría ser el primer paso hacia una concentración de poder.

El anuncio ocurre en medio de un contexto de tensiones institucionales y polarización. Apenas días después de la absolución de Álvaro Uribe, Petro vinculó el fallo con la necesidad de transformar el sistema judicial, reforzando la percepción de que utiliza decisiones judiciales como argumento político. Para sus detractores, el presidente intenta reemplazar la Constitución de 1991 —un símbolo de equilibrio democrático— por una carta moldeada a su medida y la de su movimiento.

Detalles del proyecto

El texto preliminar propone una Asamblea de 71 delegados elegidos por voto popular, con paridad de género y representación de sectores no binarios. Su mandato, de solo tres meses, tendría la potestad de reformar integralmente la Constitución, aunque sin revocar al Congreso ni vulnerar tratados internacionales. Aun así, expertos constitucionalistas advierten que el proyecto abre un riesgo de discrecionalidad excesiva al permitir que el Ejecutivo emita decretos con fuerza de ley durante el proceso.

Montealegre afirmó que el Gobierno buscará la aprobación del Congreso tras la recolección de firmas, lo que requerirá el respaldo de un tercio del censo electoral, una meta compleja que probablemente excederá el mandato de Petro. La oposición señala que este esfuerzo no es más que una maniobra política para mantener viva la figura presidencial y prolongar la influencia del Pacto Histórico en la agenda pública.

Un país dividido

La propuesta ha exacerbado la polarización entre oficialismo y oposición. Mientras el Pacto Histórico defiende la Constituyente como herramienta democrática, líderes de la oposición acusan al Gobierno de pretender reescribir las reglas del juego antes de los comicios de 2026. Juristas y exmagistrados han subrayado que la iniciativa podría violar los límites establecidos por la propia Carta del 91, generando un precedente peligroso para el Estado de derecho.

El debate también tiene un componente simbólico. La Constituyente de 1991 fue un pacto de renovación tras décadas de violencia, y su reemplazo total se percibe como una ruptura con ese consenso histórico. Para muchos colombianos, la insistencia de Petro refleja un desprecio por las instituciones democráticas más que un deseo genuino de reforma.

Mentir es ser un corrupto de la palabra. Petro no está en plan de gobernar, sino en modo cortina de humo.

Es momento de salir a hablar de los problemas de la gente que en medio de tanta carreta, crecen y empeoran. pic.twitter.com/3ve7RTL1sz

— Paula A. Moreno V. (@PaulaMorenoV) October 24, 2025

Consecuencias políticas

Aunque la propuesta puede reforzar la base ideológica del petrismo, su viabilidad política parece remota. Sin mayoría legislativa ni apoyo popular claro, la Constituyente difícilmente se concretará antes de 2026. Sin embargo, el solo anuncio ha servido para agitar el escenario político y distraer la atención de los problemas económicos y de seguridad que enfrenta el país.

En perspectiva, el intento de Petro por reformar la Constitución podría terminar debilitando su imagen internacional y erosionando la confianza institucional. Analistas estiman que la probabilidad de que una Asamblea Constituyente se materialice antes de 2030 ronda apenas el 30%, pero el impacto político ya es tangible: Colombia entra en un nuevo ciclo de incertidumbre y desconfianza democrática.