En cada jornada electoral, el boca de urna genera debate sobre su utilidad y precisión. Este tipo de encuesta se realiza a la salida de los lugares de votación y busca ofrecer un anticipo del comportamiento electoral, aunque los resultados siempre cuentan con un margen de error elevado debido a sesgos de la muestra, la selección de mesas y otros factores metodológicos.
Estas encuestas suelen ser elaboradas por consultoras privadas, universidades o equipos especializados en opinión pública, pero la Cámara Nacional Electoral (CNE) establece límites claros sobre su difusión. La legislación prohíbe la publicación de resultados de boca de urna, proyecciones o estimaciones de voto antes de las 21 horas, cuando se habilitan los primeros datos oficiales provisorios. La restricción aplica tanto a medios tradicionales como a redes sociales y plataformas digitales, y su incumplimiento puede generar multas de $10.000 a $100.000 y eventuales inhabilitaciones.
Durante la veda electoral, sí se pueden difundir ciertos datos como: niveles de participación ciudadana, normalidad del acto electoral, apertura de mesas, cantidad de electores habilitados y encuestas publicadas hasta el viernes previo, siempre que sea antes de las 8 de la mañana y nunca después de esa hora. Entender estas pautas es fundamental para interpretar los números con prudencia y evitar conclusiones apresuradas antes del escrutinio provisorio.
El boca de urna se basa en tres elementos esenciales: una muestra representativa por sexo, edad y nivel socioeconómico; anonimato de las respuestas; y cobertura territorial amplia, que incluya zonas urbanas y rurales. Este último criterio es el único que tiene validez jurídica ante la Justicia Electoral, por lo que los analistas advierten que cualquier proyección debe considerarse solo como orientación, sin atribuirle carácter definitivo.
GZ