Los cruces se hacían de noche, por caminos de tierra y sin papeles. Los conductores sabían cuándo los controles estaban más laxos y aprovechaban los senderos de montaña cercanos a Villa Pehuenia, en Neuquén, para trasladar personas desde Chile hacia la Argentina a cambio de dinero.
El modus operandi era siempre el mismo: los interesados pagaban por el servicio, los traficantes los subían a autos particulares —un Nissan Versa o una camioneta Jeep Renegade— y los llevaban por pasos no habilitados para eludir el control migratorio. Los viajes se coordinaban por teléfono y se realizaban en horario nocturno, tanto para evitar a Gendarmería como para no ser detectados por los pobladores.
El 15 de octubre pasado, la maniobra terminó con la detención de tres hombres cuando intentaban cruzar a una mujer y dos niños chilenos. El procedimiento fue encabezado por Gendarmería Nacional, tras una escucha directa que permitió interceptar el vehículo en un paraje cercano a la frontera.

De acuerdo con la investigación del fiscal federal Juan Manuel García Barrese, los imputados —Gabriel Monsalves Pino, Marcelo Villar e Ivo Dentice Hernández— formaban parte de una red que operaba desde fines del año pasado y realizaba cruces periódicos por rutas clandestinas en la zona de Batea Mahuida.
Las intervenciones telefónicas ordenadas por el juez de Garantías de Zapala permitieron comprobar que los viajes se organizaban con anticipación y que cada traslado implicaba un pago previo. Monsalves, de nacionalidad chilena, residía en la ciudad de Neuquén y era uno de los encargados de coordinar los movimientos desde ambos lados de la frontera.
Durante la audiencia, el fiscal explicó que el grupo “operaba en horas nocturnas, no solo para eludir los controles de las fuerzas de seguridad, sino también para evitar ser detectados por los pobladores locales”.
Los tres acusados fueron condenados a un año de prisión de ejecución condicional por el delito de tráfico migratorio de personas, según el artículo 116 de la Ley 25.871 de Migraciones. El juez Hugo Greca, de Zapala, además ordenó el decomiso de los vehículos utilizados y dispuso que cumplan reglas de conducta durante dos años.
Uno de los condenados, Dentice Hernández, tenía dos pedidos de captura vigentes en Chile —por robo y contrabando— y fue entregado al país vecino a través del paso Pino Hachado.