Las intensas lluvias que azotaron el centro y oriente de México durante octubre dejaron un panorama desolador: 80 personas fallecidas y 18 desaparecidas, según el último balance del Gobierno federal. La magnitud del desastre ha golpeado con especial fuerza a Veracruz, Hidalgo y Puebla, donde las comunidades rurales quedaron aisladas por los deslaves y el colapso de caminos. En muchas localidades, el agua alcanzó techos y arrasó viviendas enteras, dejando tras de sí una huella de destrucción que las autoridades describen como una de las más graves de los últimos años.
La respuesta del Estado ha movilizado a más de 50.000 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional, quienes trabajan en tareas de rescate, evacuación y distribución de ayuda humanitaria. Sin embargo, la magnitud del desastre ha superado la capacidad de respuesta inmediata, y 86 comunidades permanecen incomunicadas. La población afectada denuncia la falta de información y la lentitud del auxilio en las zonas serranas, donde el acceso solo es posible por vía aérea o fluvial.
En Veracruz, 35 personas perdieron la vida, la mayor parte en la región de Poza Rica, mientras que en Hidalgo y Puebla se registraron 22 víctimas por estado. Además de los fallecidos, cientos de familias perdieron sus viviendas, lo que ha llevado al Gobierno a distribuir más de 27.000 kits de alimentos y artículos de primera necesidad. Las autoridades locales informaron que el suministro eléctrico ha sido restablecido en casi todo el territorio, aunque persisten cortes en municipios rurales. Los equipos sanitarios también se encuentran desplegados ante el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua contaminada.
El impacto económico se perfila severo: al menos 100.000 viviendas y 1.000 kilómetros de carreteras resultaron dañadas. Las zonas productivas de café, caña y maíz quedaron anegadas, amenazando con agravar el costo de los alimentos en los próximos meses. La Secretaría de Hacienda ha anunciado la activación de fondos de emergencia para la reconstrucción, aunque expertos advierten que los recursos disponibles podrían ser insuficientes ante la magnitud del desastre natural.
🚨🌧️ Las lluvias e inundaciones han dejado un saldo de 80 personas fallecidas y 18 desaparecidas en cinco estados del país, informa el gobierno federal. 👇🏼 pic.twitter.com/PGnwDz2Q5e
— Azucena Uresti (@azucenau) October 24, 2025
La tragedia ha puesto nuevamente sobre la mesa la debilidad de la infraestructura urbana y rural frente al cambio climático. Las lluvias de octubre, consideradas las más intensas en una década, evidenciaron la falta de drenaje y de sistemas de alerta temprana en amplias zonas del país. En regiones como la Huasteca y la Sierra Norte, los habitantes aseguran que las advertencias llegaron tarde o nunca lo hicieron, lo que aumentó el número de víctimas. La probabilidad de que los daños sigan aumentando en los próximos días es alta, estimada en un 65% según los reportes de Protección Civil.
Las lluvias torrenciales también reflejan la creciente vulnerabilidad del país ante eventos meteorológicos extremos. México enfrenta una frecuencia cada vez mayor de tormentas intensas vinculadas a la variabilidad climática global. Especialistas consideran que, sin una inversión estructural sostenida en mitigación y prevención, el impacto humano y económico podría duplicarse en las próximas décadas. El Gobierno ha prometido revisar los protocolos de emergencia, pero el reto principal será convertir esa promesa en acciones concretas y duraderas.