“Salvaje, inhumano y despiadado”: el fiscal pidió la prisión preventiva por el triple femicidio narco de Florencio Varela

“Trataron como su objeto a las víctimas, lo que constituye un verdadero y notorio acto de cosificación”, escribió el fiscal Adrián Arribas en el requerimiento presentado ante el Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza. La frase resume la mirada con la que el representante del Ministerio Público describió el triple narco femicidio de Florencio Varela: tres jóvenes asesinadas con ferocidad por una banda que, según afirmó, actuó para “recuperar la droga robada”.

El pedido de prisión preventiva recayó sobre Lázaro Víctor Sotacuro -a quien identificó como uno de los líderes de la organización-, su sobrina Florencia Ibáñez, Celeste Magalí Guerrero, Miguel Silva, Daniela Ibarra, Maximiliano Parra y Matías Agustín Ozorio, detenido en Perú. A los seis primeros les atribuyó privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado en concurso real: “tres hechos” cometidos con alevosía, ensañamiento y premeditación. En el caso de los hombres, también incluyó el agravante de violencia de género.

En su presentación, Arribas describió los homicidios con una serie de adjetivos que dan cuenta de la brutalidad de la escena: “En el triste acontecimiento salvaje, inhumano, cruel, violento, desalmado, brutal y despiadado (…) los imputados solo tuvieron en miras su aniquilamiento, generando el clima de hacerlas sentir la venida de la muerte”.

Para el fiscal, los autores no buscaron solo matar, sino infligir dolor. “Las tres jóvenes presentaban distintos tipos de lesiones, perpetradas con diversos mecanismos violentos”, precisó, y añadió que los agresores “buscaron que las mismas sufran un padecimiento extraordinario e innecesario, habiendo previamente seleccionado los instrumentos letales a tales fines”.

En otro tramo, sostuvo que los acusados “también lograrían ver saciada su sed de prolongar la agonía de las jóvenes, conllevando a su ultraje, sometimiento e impotencia”.

Arribas insistió en que los crímenes respondieron a una lógica de dominación y castigo dentro de un circuito narcocriminal: “Nos encontramos ante una banda narcocriminal”, afirmó, y explicó que la finalidad de la matanza fue “recuperar la droga robada”.

En el mismo escrito, Arribas pidió que la causa sea remitida al fuero federal. “La intervención de la Justicia Federal se vislumbraba como la mejor solución para asegurar una mayor eficacia de la investigación y cumplir con los fines de la Ley 23.737”, argumentó.

Para el fiscal, la evidencia reunida demuestra que “la conducta investigada reviste, en la actualidad, una naturaleza de orden federal”. Lo justificó al señalar que el triple crimen “se enmarca en una disputa de poder y en la recuperación violenta y coaccionante de material estupefaciente sustraído a la organización criminal”, con ramificaciones fuera del país.

Arribas cerró su dictamen con una reflexión sobre las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas y la necesidad de juzgar con perspectiva de género: “Solo una acción penal con enfoque de género y debida diligencia reforzada permitirá avanzar en la erradicación de las condiciones que perpetúan la prostitución como forma de violencia y subordinación contra las mujeres, e intentar articular mecanismos de reinserción para que no vuelva a haber en la sociedad otras ‘Morena, Lara y Brenda’”.