El subsecretario Alejandro Ciro Álvarez cobró de universidades públicas mientras decía estar de licencia

Durante años, Alejandro Ciro Álvarez mantuvo un bajo perfil dentro del sistema educativo. Sin embargo, documentos oficiales revelan que el actual subsecretario de Políticas Universitarias del Gobierno nacional no es un recién llegado al Estado, sino un funcionario con larga trayectoria y varios vínculos dentro de las universidades públicas.

De acuerdo con registros de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), Álvarez cobró $5.587.615,1 brutos entre agosto de 2024 y enero de 2025, pese a haber afirmado públicamente que se encontraba “de licencia desde el segundo cuatrimestre de 2024”. Los recibos, de acuerdo con lo que pudo averiguar el periodismo, contradicen esas declaraciones y demuestran que el funcionario percibió su salario completo durante ese período.

En la UNLaM, conducida desde 1998 por Daniel Martínez, Álvarez figura como profesor adjunto de Historia Económica Argentina desde 2011, un cargo al que accedió sin concurso. Aunque la universidad informó a fines de 2024 que su designación pasaría a ser ad honorem, los registros contables muestran que continuó cobrando hasta comienzos de este año.

La polémica también alcanzó sus antecedentes académicos. En distintas entrevistas, Álvarez se presenta como “profesor titular de la UBA”, pero fuentes de la Universidad de Buenos Aires confirmaron que ocupa un cargo adjunto interino, sin haber accedido mediante concurso, condición necesaria para alcanzar la titularidad.

Tampoco aparecen registrados los títulos de politólogo o doctorando en Economía que él mismo mencionó en medios: su único título universitario, según su declaración jurada, es el de Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador. La UNLaM, además, negó que haya cursado estudios de posgrado allí.

Un funcionario con historia en el Estado

Lejos del perfil “anticasta” que promueve el oficialismo, Álvarez acumula más de tres décadas de experiencia en la administración pública. Ingresó al Congreso en 1994 y trabajó en despachos de legisladores como Gervasio Bozzano, Eduardo Aguilar, Guillermo Snopek y Leopoldo Moreau. Luego, se desempeñó en la Comisión Bicameral de Inteligencia, hasta que en diciembre de 2023 se incorporó al Ejecutivo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.

Hasta ese momento, percibía tres sueldos simultáneos: uno del Senado, otro de la UBA y un tercero de la UNLaM. Al asumir en el gabinete libertario reemplazó el salario legislativo por el de subsecretario, pero mantuvo sus ingresos universitarios hasta inicios de 2025.

Su ascenso político se consolidó con el respaldo de Santiago Caputo y Daniel “El Gordo Dan” Parisini, dos de los armadores más influyentes del oficialismo. En el acto de lanzamiento de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación libertaria que impulsa la militancia universitaria, Álvarez fue ovacionado por los asistentes al grito de “¡Olé, olé, olé, profe, profe!”. En esa ocasión, expresó emocionado: “Cada uno de nosotros es un soldado de este ejército”.

Vínculos, denuncias y pedidos de informes

El vínculo entre Álvarez y el rector Daniel Martínez se remonta a los años 90, cuando ambos compartieron tareas en el Congreso bajo el liderazgo del exdiputado Alberto Pierri, figura clave del menemismo. Desde entonces, mantienen una relación estrecha que se proyectó en el ámbito universitario. En distintas entrevistas, el funcionario elogió la gestión de Martínez, a quien definió como “un administrador ejemplar” y destacó que la UNLaM “tiene todos sus gastos rendidos y transparentes”.

Sin embargo, la situación actual generó un fuerte malestar político. Los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron en las últimas horas un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que se detalle la situación administrativa de Álvarez, los dictámenes de compatibilidad de cargos y los haberes percibidos entre 2024 y 2025. También pidieron que se precise si intervinieron organismos como la Oficina Anticorrupción, la Oficina Nacional de Empleo Público o la Procuración del Tesoro.

Los legisladores recordaron que los decretos 8566/61, 9677/61 y 5196/62 prohíben acumular cargos pagos en el Estado -salvo excepciones puntuales- y que la Ley de Ética Pública obliga a los funcionarios nacionales a ejercer sus funciones con dedicación exclusiva.

Mientras tanto, Álvarez deberá comparecer el próximo miércoles ante la Comisión de Presupuesto del Congreso para exponer sobre el capítulo universitario del presupuesto 2026. Su presentación, que en principio apuntaba a detallar los lineamientos de financiamiento educativo, promete ahora un debate mucho más áspero.

GZ