Organismos repudian fallo de la Corte que benefició al represor Carlos “Indio” Castillo

Diversos organismos de derechos humanos expresaron su rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anuló la prórroga de la prisión preventiva del represor Carlos “Indio” Castillo, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Las entidades advirtieron que la medida representa un nuevo retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

El comunicado conjunto fue firmado por organizaciones históricas como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asociación Buena Memoria, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Liga Argentina por los Derechos Humanos y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, entre otras.

En su pronunciamiento, los organismos cuestionaron a los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, a quienes recordaron como responsables del polémico 2x1 para genocidas, y a los conjueces Abel Sánchez Torres y Alejandro Tazza, firmantes del fallo que favoreció a Castillo. Señalaron que el Poder Judicial tiene la obligación de asegurar que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes y que los represores no obstaculicen las investigaciones en curso.

Los organismos recordaron que los genocidas mantienen pactos de silencio que dificultan conocer el destino de los desaparecidos y de los bebés sustraídos durante el terrorismo de Estado. Además, destacaron que desde la reapertura de los juicios, más de cien represores se han fugado y criticaron la desigualdad en la aplicación de la prisión preventiva, ya que “casi la mitad de la población carcelaria permanece detenida sin condena firme en condiciones de hacinamiento”.

El comunicado también vinculó el fallo con la política del gobierno de Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quienes acusaron de promover “un plan para otorgar beneficios y poner fin a los juicios por delitos de lesa humanidad”.

Finalmente, los organismos exigieron que el Poder Judicial asuma su responsabilidad histórica: “A casi 50 años de los crímenes del terrorismo de Estado, exigimos un Poder Judicial a la altura de su deber”, concluyeron.

GZ