El nuevo paquetazo de Cuba: ajustes duros y promesas imposibles

El gobierno cubano ha anunciado un nuevo paquetazo económico con el que pretende "corregir distorsiones y reimpulsar la economía nacional". Se trata de un programa de 92 páginas que detalla 327 acciones, 257 metas y 10 objetivos generales, enmarcados en un discurso de eficiencia administrativa que busca legitimar al Estado en medio de una crisis sin precedentes. La medida surge cuando la inflación, el desabastecimiento y la migración masiva marcan la vida cotidiana en la isla.

El anuncio ha generado una fuerte reacción dentro y fuera del país. Economistas como Pedro Monreal describen el plan como un “árbol de Navidad burocrático”, donde cada ministerio colgó su lista de medidas sin coherencia ni articulación real. La falta de indicadores macroeconómicos concretos —como metas de crecimiento del PIB o control de la pobreza— refuerza la percepción de que se trata de un ejercicio formal, más destinado a mostrar movimiento que a resolver la crisis.

Medidas que afectan al ciudadano

El plan incluye aumentos de tarifas en electricidad, agua, transporte y combustibles, así como la reducción de subsidiosy una mayor presión fiscal. En una economía donde el salario promedio apenas cubre necesidades básicas, estas decisiones son vistas como un golpe directo al poder adquisitivo. El gobierno insiste en que busca "racionalizar" el gasto, pero los ciudadanos interpretan el ajuste como un castigo a la población que ya soporta el peso de la crisis.

Las medidas también profundizan la dolarización informal del país. Cada incremento de precios en pesos estimula la demanda de divisas extranjeras, desplazando al peso cubano a un papel cada vez más simbólico. El resultado es un ciclo autodestructivo: el Estado recauda más en servicios, pero el ciudadano pierde capacidad de consumo, erosionando el mercado interno que el plan dice querer reactivar.

Cuba.

La estrategia y sus riesgos

La estructura del plan refleja la sobreestimación del aparato estatal y su fe en la planificación centralizada. Sin reformas estructurales o apertura real al sector privado, el documento parece repetir los errores de los últimos intentos de reordenamiento. Analistas estiman con un 85% de probabilidad que gran parte de las metas no se cumplan o queden postergadas indefinidamente, como ha ocurrido con planes anteriores.

A esto se suma un contexto adverso: crisis energética, desconfianza social y fuga de talento. Cada ajuste impopular alimenta la desafección ciudadana y debilita la legitimidad del gobierno, que busca mantener el control sin ofrecer mejoras tangibles. El nuevo plan económico, presentado como tabla de salvación, podría terminar consolidando el mismo estancamiento que intenta revertir.