Juicio en París por acoso digital contra Brigitte Macron

En París comenzó un juicio penal que marca un precedente en la intersección entre acoso digital, desinformación y género. La acusación recae sobre diez personas —ocho hombres y dos mujeres— que están siendo procesadas por presunto ciberacoso sexista contra Brigitte Macron, esposa del presidente francés Emmanuel Macron.

¿Cómo se llegó a este juicio?

El origen se remonta a una serie de rumores que se propagaron por redes sociales y foros de conspiración en Francia y en el extranjero. Estos rumores sostenían que Brigitte Macron en realidad había nacido hombre, bajo el nombre de su hermano, y que su matrimonio con Emmanuel Macron era parte de un encubrimiento mediático. Con el paso del tiempo, esas afirmaciones tomaron la forma de publicaciones, comentarios repetidos y videos-difusión en Internet, lo que llevó a la afectada a presentar una denuncia formal por acoso digital en agosto de 2024.

La investigación judicial identificó a varios de los acusados como usuarios activos en plataformas de redes sociales, algunos con miles de seguidores, que replicaron o generaron contenido ofensivo y difamatorio sobre la identidad de Brigitte Macron. El tribunal consideró que esos actos no se limitaban a la sátira o crítica política, sino que habían traspasado el umbral del acoso reiterado, con connotaciones de género, sexualidad y pedofilia (a partir de la gran diferencia de edad entre la pareja presidencial).

La pareja presidencial, unida desde hace más de dos décadas, ha enfrentado tanto la exposición mediática como campañas de desinformación que hoy llegan a los tribunales.

Durante una audiencia celebrada en 2024, Brigitte Macron reconoció públicamente el impacto que los años de acoso y rumores tuvieron en su vida personal. “Todas estas acusaciones han afectado profundamente a mi entorno y a mí personalmente. Cada vez que hago una visita internacional, alguien lo menciona. No hay un solo cónyuge de jefe de Estado que no haya oído hablar del tema”, expresó ante el tribunal.

Con el objetivo de poner fin a las teorías conspirativas, la pareja presidencial y Jean-Michel Trogneux, hermano de Brigitte, presentaron demandas tanto en Francia como en Estados Unidos contra los principales impulsores de la desinformación. Su defensa ha señalado que está dispuesta a aportar pruebas médicas y documentales que respalden la identidad de la primera dama y desmonten las versiones falsas.

Sin embargo, los propios asesores del matrimonio reconocen que los procesos judiciales pueden tener un efecto contraproducente: si bien permiten reivindicar la verdad y establecer responsabilidad legal, también pueden reavivar el interés público por los rumores y alimentar las teorías negacionistas.

Entre los seguidores de esas ideas, cualquier intento de desmentirlas suele interpretarse como una confirmación de que algo se oculta. Incluso si se presentaran pruebas irrefutables, los sectores más escépticos tenderían a verlas como parte de una conspiración del poder político o mediático.

Brigitte Macron, visiblemente afectada por años de ataques en redes, se convirtió en símbolo de la lucha contra el ciberacoso y las campañas de odio dirigidas a mujeres en la esfera pública.

Contexto histórico y legal

Este caso se inserta en un contexto más amplio de Francia que combina tres elementos:

1. La evolución de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. Francia ha aprobado leyes a lo largo de las últimas décadas para combatir la discriminación por razón de sexo, la violencia de género y recientemente los discursos de odio en línea.

2. El auge de la desinformación digital y el acoso en redes sociales. Campañas de bots, cuentas falsas o anónimas y conspiraciones han sido documentadas en periodos electorales y sociales.

3. El marco legal sobre los límites de la libertad de expresión. Mientras que la crítica pública de figuras públicas goza de cierto amparo, los tribunales franceses han venido estableciendo que los mensajes de odio, amenazas y acoso vía Internet pueden ser perseguidos penalmente.

Con anterioridad al juicio actual, Brigitte Macron ya había logrado una condena por difamación contra dos mujeres que difundieron el mismo rumor, aunque la condena fue luego revocada en apelación, lo que generó críticas y cuestionamientos sobre los límites del discurso y la verdad jurídica.
El inicio de este juicio penal marca un escalón superior al régimen de difamación civil: ahora se juzga el acoso digital con implicaciones penales.

¿Por qué es relevante este proceso?

• Pone en el centro del debate cómo los rumores virales y la desinformación pueden convertirse en formas de violencia de género, cuando se dirigen sistemáticamente a una mujer en tanto figura pública y en tanto “mujer” en un sistema desigual.

• Abre la puerta a supervisar con más rigor las responsabilidades de quienes difunden, amplifican o se aprovechan de la viralidad para atacar a personas públicas o privadas, especialmente en línea.

• Refuerza la idea de que, aunque una figura sea pública, tiene derecho a la protección contra campañas de odio o acoso reiterado.

• En un sentido más amplio, refleja tensiones actuales entre libertad de expresión, protección de la reputación y prevención del daño en entornos digitales globalizados.

El juicio continuará con la presentación de testigos, peritajes sobre el impacto psicológico en la víctima, análisis de las cuentas de redes sociales implicadas y, eventualmente, la sentencia. Según el código penal francés, los condenados podrían afrontar penas de prisión de hasta dos años en casos de acoso digital agravado.

El veredicto será seguido de cerca tanto en Francia como en otros países europeos, pues marcará un precedente sobre cómo el sistema judicial europeo responde al acoso online contra mujeres prominentes y al desafío creciente de la desinformación en Internet. Este caso revela cómo lo digital -humillaciones, falsedades, rumores- puede derivar en consecuencias tangibles en la vida real, y cómo los sistemas jurídicos están adaptándose lentamente para hacer frente a esta nueva forma de agresión.