Carlos Carrascosa, viudo de María Marta García Belsunce, inició un nuevo capítulo judicial. Luego de la condena a Nicolás Pachelo en 2024, el hombre que pasó más de seis años preso por un crimen del que fue absuelto reclama una compensación millonaria por la privación indebida de su libertad.
Su abogado, Fernando Díaz Canto, confirmó que la demanda ya fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que el objetivo es “obtener la reparación integral del daño moral y material sufrido”.
Si bien el monto aún no fue fijado oficialmente, el reclamo rondará los 2,6 millones de dólares, según las estimaciones elaboradas a partir de precedentes de la Justicia argentina y de la propia CIDH en casos de prisión injusta.
Cómo se calcula la compensación
En promedio, las indemnizaciones reconocidas por la privación indebida de libertad oscilan entre 250.000 y 500.000 dólares por año. Carrascosa estuvo seis años detenido, de los cuales cuatro los pasó en el penal de Campana y dos bajo arresto domiciliario en un country de Escobar.
A esa cifra se suma el daño moral, la pérdida económica y el impacto mediático que tuvo su caso. Durante años fue señalado como el asesino de su esposa, en un proceso plagado de irregularidades, errores judiciales y exposición pública.
Considerando esos factores, el monto estimado de la reparación se ubica en torno a los 2,6 millones de dólares, una cifra que incluye tanto el perjuicio patrimonial como la afectación a su imagen y su salud emocional.
La búsqueda de justicia y reparación moral
A los 79 años, Carrascosa sostiene que su reclamo no es solo económico, sino simbólico. “Fui el preso más famoso de la Argentina sin haber hecho nada”, expresó en distintas entrevistas. Durante su detención perdió bienes, vínculos y buena parte de su estabilidad emocional.
“Lo único que quiero es que reconozcan que me destruyeron la vida por un error”, dijo al ratificar su presentación.
La demanda ante la CIDH podría demorar varios años en resolverse, pero si prospera, implicará una indemnización millonaria a cargo del Estado argentino y de la provincia de Buenos Aires.
Para Carrascosa, sin embargo, la causa no se reduce a una cuestión monetaria. Después de más de dos décadas de proceso, busca el cierre definitivo de una historia marcada por la injusticia y la exposición pública, y una sentencia que reconozca oficialmente que el Estado se equivocó.
