La ciudad de Guayaquil intenta recuperar su pulso cotidiano tras el atentado con coche bomba que sacudió su zona comercial el pasado 14 de octubre, dejando un muerto y más de treinta heridos. Aunque los comercios reabren y el tráfico retorna, el temor sigue presente entre los vecinos. El eco de la explosión ha alterado la rutina y convertido cada bolsa abandonada o auto detenido en una posible amenaza. La sensación de inseguridad, antes confinada a los barrios periféricos, ahora se siente en el corazón económico del país.
El atentado marcó un antes y un después en la percepción ciudadana sobre la violencia en Ecuador. Guayaquil concentra casi el 30% de los homicidios del país, y la ola de ataques con explosivos ha aumentado la presión sobre el Gobierno de Daniel Noboa, que enfrenta críticas por la falta de resultados concretos en su guerra contra las bandas criminales. Los habitantes se mueven entre la resignación y la necesidad de sobrevivir, en una urbe donde la violencia se ha vuelto parte de la rutina.
Las autoridades atribuyeron la explosión al grupo Los Lobos, vinculado al narcotráfico y la minería ilegal, que habría actuado en represalia por recientes operativos en la provincia de Imbabura. Este grupo, rival de Los Choneros, controla amplias zonas del puerto y se ha convertido en una amenaza de alcance nacional. El ministro del Interior, Jhon Reimberg, afirmó que se trata de una forma de "terrorismo urbano" destinada a sembrar miedo y presionar al Estado. Sin embargo, la respuesta oficial no ha logrado frenar la escalada de ataques.
El caso adquirió un cariz político cuando una camioneta de lujo vinculada a una empresa relacionada con la familia Noboa apareció en uno de los allanamientos posteriores. Aunque la Fiscalía no presentó cargos por falta de pruebas, el episodio desató cuestionamientos sobre la transparencia de las investigaciones. El alcalde de Guayaquil denunció un clima de impunidad que, según dijo, alimenta la audacia de las mafias. En paralelo, Estados Unidos ofreció cooperación técnica para enfrentar lo que calificó de actos terroristas.
Pese a la aparente normalidad, los habitantes viven con la sensación de que el próximo estallido podría ocurrir en cualquier momento. Los comercios reducen horarios, las escuelas han endurecido sus protocolos de seguridad y los transportistas evitan ciertas rutas. Cada falsa alarma paraliza avenidas enteras, generando un desgaste emocional profundo. El miedo ha dejado de ser una reacción pasajera para transformarse en una condición permanente del espacio urbano.
La economía local también sufre las consecuencias. El flujo comercial en el centro cayó hasta un 40% en las semanas posteriores al atentado, y varios negocios han optado por cerrar temporalmente. En los barrios populares, los grupos criminales siguen imponiendo "vacunas" y controles. La combinación de violencia, incertidumbre y desconfianza institucional amenaza con erosionar la cohesión social de una ciudad que ya enfrenta altos niveles de desigualdad y desempleo.
Operación Guayaquil:
— John Reimberg (@JohnReimberg) October 27, 2025
El Bloque de Seguridad, conformado por Policía Nacional y Fuerzas Armadas, toman el control total de la ciudad. Cero tregua y cero impunidad para las mafias.
El Gobierno se encuentra en las calles. 🇪🇨 pic.twitter.com/BiZG2yijGy
El panorama para Guayaquil y Ecuador es incierto. Sin una estrategia integral que combine inteligencia, desarrollo social y depuración institucional, la espiral violenta continuará. La probabilidad de nuevos atentados en los próximos meses sigue siendo alta, y la sensación de impunidad se profundiza. El Estado parece reaccionar más que anticiparse, mientras las bandas se adaptan y expanden su alcance.
La crisis de seguridad en Ecuador ha mutado de un problema policial a un desafío estructural que pone en riesgo la gobernabilidad. La percepción ciudadana de abandono alimenta el descrédito institucional, y la frontera entre delincuencia y política se vuelve difusa. Guayaquil, que alguna vez fue símbolo de progreso, hoy refleja la fractura de un país que busca recuperar el control sobre su propio territorio.