Tras su victoria legislativa, el presidente de la Nación, Javier Milei, puso en marcha la hoja de ruta para aprobar en el Congreso una profunda reforma laboral que busca “modernizar” las relaciones de trabajo en Argentina. La iniciativa, basada en un proyecto impulsado por el oficialismo, incluye modificaciones clave en jornada laboral, indemnizaciones, negociación colectiva y paritarias.
Entre los cambios más polémicos, el proyecto prevé ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas, habilitar pagos del salario mediante “ticket canasta o restaurant”, fragmentar vacaciones, crear bancos de horas y permitir que las indemnizaciones por despido se abonen en hasta 12 cuotas. Además, la negociación colectiva cambiaría de centro: se buscaría que los convenios de empresa tengan prioridad sobre los de actividad, y que las paritarias pasen a ser por empresa y con criterios variables ligados al mérito y la productividad.
El Gobierno argumenta que la reforma es necesaria para que Argentina “sea el país más libre del mundo”, ampliar la base de empleo formal y que las empresas puedan sostenerse en el tiempo. En este sentido, se propone reducir la rigidez del mercado laboral para fomentar la contratación y la inversión.
Sin embargo, el rechazo sindical ya se anticipa fuerte. La CGT y otros gremios manifestaron su oposición “contundente y categórica” al proyecto, advirtiendo que no negociarán si el texto implica una pérdida de derechos laborales adquiridos. El cosecretario general del sindicato, Héctor Daer, advirtió que “si es para retroceder, no va a haber ninguna negociación de ningún tipo”.
El debate pasará al Congreso en los próximos meses, en un escenario donde el oficialismo busca aprovechar su mayoría legislativa y la derrota histórica del peronismo para impulsar su agenda. Pero la incógnita es hasta dónde podrá transitar sin provocar un conflicto social, mientras los gremios preparan sus defensas y la economía registra signos de fragilidad.