Decreto de Petro sobre cannabis: ¿beneficio social o para grandes empresas?

El gobierno de Gustavo Petro anunció la aprobación del Decreto 1138, que autoriza la venta de flor seca de cannabis medicinal en farmacias. Aunque la medida se presenta como un avance histórico, diversos sectores advierten que el proyecto podría terminar beneficiando a grandes grupos económicos, pese a su discurso de inclusión social. La norma, firmada el 27 de octubre de 2025, amplía el marco legal que hasta ahora solo permitía el comercio de aceites y extractos, pero deja varias incógnitas sobre su implementación real.

Durante los primeros dos años, el Ejecutivo prometió que solo los pequeños y medianos cultivadores podrán abastecer el mercado interno, una apuesta que busca mostrar un rostro social de la política de drogas. Sin embargo, expertos del sector advierten que el aparato burocrático y los plazos administrativos podrían frenar la entrada de estos productores, mientras las grandes empresas -con mayor capacidad técnica- se preparan para ocupar el espacio. El Ministerio de Justicia, el INVIMA y el ICA deberán coordinar una implementación que, de momento, carece de claridad técnica y operativa.

Acceso y control sanitario

El decreto busca ampliar el acceso a tratamientos médicos para pacientes con epilepsia, dolor crónico o enfermedades neurodegenerativas. Pero las propias autoridades admiten que el acceso real no será inmediato: los ministerios de Salud y Justicia tienen hasta cinco meses para emitir la reglamentación complementaria. Según estimaciones del sector, la posibilidad de contar con un suministro efectivo antes de mediados de 2026 es inferior al 40%, debido a la lentitud estatal y a los estrictos requisitos de trazabilidad.

La inclusión de la flor seca como “producto terminado” representa un cambio conceptual relevante, pero también plantea serios retos de control sanitario y certificación farmacéutica. Sin recursos suficientes ni infraestructura técnica, el Estado corre el riesgo de que la regulación quede en el papel y los pacientes sigan recurriendo al mercado informal. Para varios analistas, la apuesta del Gobierno combina una retórica social con una ejecución que parece más pensada en la rentabilidad que en la salud pública.

Desafíos del mercado nacional

Las organizaciones de cultivadores manifestaron su preocupación por el posible desequilibrio competitivo. ASOCAÑAMO advirtió que los pequeños productores carecen de la infraestructura para cumplir con los estándares exigidos por el Estado, lo que abre la puerta a que empresas con respaldo extranjero dominen el mercado. Además, los incentivos financieros prometidos no han sido concretados, lo que pone en duda la viabilidad de un modelo que se anuncia inclusivo pero se diseña con lógicas corporativas.

En el contexto regional, Colombia busca posicionarse junto a Uruguay, Argentina y México como un actor clave en la industria del cannabis medicinal. No obstante, su modelo “mixto” -basado en salud pública e inclusión productiva- podría convertirse en una narrativa más que en una realidad tangible si no se materializan apoyos efectivos a los pequeños cultivadores. El país se enfrenta así al desafío de demostrar que su política no será una reforma simbólica con beneficios concentrados.

#NoticiaW | El Gobierno autoriza la venta de cannabis medicinal en farmacias y droguerías del país.

El nuevo decreto permite su uso humano y veterinario, incluso en forma de flor, con receta médica. Un paso importante para la industria del cannabis en Colombia. pic.twitter.com/Kd1KyN1vwJ

— W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 28, 2025

Perspectivas y proyección internacional

En términos económicos, el Ejecutivo calcula un potencial de 200 millones de dólares anuales en ingresos locales. Pero sin una regulación ágil y un sistema de licencias transparente, el mercado podría reproducir las mismas desigualdades que el gobierno dice combatir. La lentitud en la emisión de reglamentos, la falta de articulación institucional y la débil supervisión sanitaria son factores que amenazan con erosionar la credibilidad de la iniciativa.

En definitiva, el decreto representa un intento de modernizar la política de drogas, pero su éxito dependerá de la voluntad política para cumplir lo prometido. Si el Estado no logra garantizar inclusión real ni control sanitario efectivo, la medida podría transformarse en un nuevo ejemplo de promesas progresistas incumplidas, dejando a los pequeños productores fuera del negocio que se les prometió.