Crisis del maíz en México: el pacto que promete calmar al campo

Las movilizaciones de productores de maíz en México llegaron a su punto crítico el 29 de octubre, cuando cientos de agricultores bloquearon carreteras en al menos veinte Estados. Los manifestantes exigían que el Gobierno fijara un precio de garantía de 7.200 pesos por tonelada, alegando que los valores actuales no cubren los costos de producción. La tensión escaló rápidamente, y las filas de camiones y tractores inmovilizados se convirtieron en el símbolo del hartazgo rural frente a lo que consideran abandono institucional del campo mexicano.

El acuerdo alcanzado entre los productores y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) fue suficiente para desactivar la crisis. En la madrugada del martes, el titular Julio Berdegué anunció la entrega de un subsidio de 950 pesos por tonelada a pequeños productores, junto con créditos a tasas reducidas y seguros contra sequías e inundaciones. Las promesas incluyeron además la creación de un nuevo mecanismo de comercialización del maíz que busca garantizar precios justos antes de la siembra, una vieja demanda del sector.

Un nuevo pacto rural

El llamado Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz será la piedra angular del acuerdo. Este esquema pretende vincular directamente a los agricultores con las empresas compradoras, reduciendo la dependencia de intermediarios. De concretarse, representaría un cambio profundo en la estructura de comercialización agrícola, que por décadas ha favorecido a grandes compradores y dejado a los pequeños productores en desventaja. También se anunció que los bancos estatales abrirán líneas de crédito blandas para renovar maquinaria y fortalecer la producción local.

Las autoridades buscan así reducir el riesgo de nuevos paros agrarios y estabilizar el abastecimiento de maíz, un cultivo estratégico en la dieta nacional. Según estimaciones del propio Gobierno, los bloqueos afectaron el transporte de mercancías y generaron pérdidas millonarias a lo largo de la cadena agroalimentaria. El compromiso oficial de atender las demandas del campo se presenta como una victoria táctica para ambos lados: los productores logran ser escuchados y el Ejecutivo evita que la crisis se prolongue hasta noviembre, cuando comenzaban a planificarse nuevas marchas.

Productores de maíz bloquearon la carretera Guadalajara–Morelia con maquinaria pesada como parte de un paro nacional. Exigieron al gobierno un precio justo por tonelada y apoyos suficientes para cubrir los costos de producción. La protesta generó largas filas de vehículos y… pic.twitter.com/l2XldGwPLn

— La Razón de México (@LaRazon_mx) October 27, 2025

Desafíos de cumplimiento

Aunque el acuerdo ha devuelto la calma, los agricultores mantienen una cautela pragmática. Muchos de ellos temen que las promesas queden en papel o se demoren los desembolsos, como ha ocurrido con otros programas federales. Las organizaciones del Bajío y Sinaloa advierten que, si no hay resultados concretos antes del fin de año, los bloqueos podrían retomarse. Por su parte, las empresas harineras, principales compradoras del grano, han mostrado reservas ante la presión estatal para pagar por encima del precio internacional.

El desenlace de este conflicto marcará el tono de la relación entre el Gobierno y los productores rurales durante la administración de Claudia Sheinbaum. Si las medidas se cumplen y el sistema de precios logra consolidarse, México podría iniciar un ciclo de mayor estabilidad agropecuaria y seguridad alimentaria. Pero si las demoras o el burocratismo erosionan la confianza, las carreteras podrían volver a llenarse de tractores y pancartas en los próximos meses.