Ernesto Samper defiende a Petro: la acusación que busca desmentir

El expresidente Ernesto Samper volvió al centro del debate político colombiano tras defender al actual mandatario, Gustavo Petro, frente a las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos. En una entrevista concedida a El País, Samper afirmó que “nadie en Colombia cree ese cuento de que Petro sea un narcotraficante”, desestimando las acusaciones del Departamento del Tesoro como parte de una estrategia de presión diplomática. La postura del exmandatario, marcada por su propia experiencia en los años noventa durante el Proceso 8000, adquiere relevancia en un momento de tensión entre Bogotá y Washington.

Samper, quien también fue objeto de sanciones internacionales en su mandato, estableció un paralelismo entre su situación de entonces y la de Petro en la actualidad. Según explicó, Estados Unidos tiende a usar la narrativa del narcotráfico como arma política, especialmente contra gobiernos que cuestionan su hegemonía en la región. Para el exmandatario, la actual ofensiva no busca justicia sino condicionar la independencia de la política exterior colombiana.

Contexto de las sanciones estadounidenses

El Departamento del Tesoro de EE.UU. incluyó al presidente Petro y varios funcionarios de su entorno en la lista OFAC, bajo la sospecha de “facilitar el aumento de la producción de cocaína”. La medida implica congelamiento de activos y restricciones de viaje, pero también un golpe simbólico a la imagen del Gobierno colombiano. Samper considera que el contexto de estas sanciones responde a una “campaña de desprestigio global” orientada a debilitar a los gobiernos progresistas de la región, en un patrón que recuerda a las presiones sufridas por Bolivia y Venezuela en décadas pasadas.

El exmandatario insistió en que Colombia no comparte la versión estadounidense y que las acusaciones no han calado en la opinión pública. Más bien, considera que estas acciones podrían tener un efecto contraproducente, reforzando la unidad del oficialismo y despertando una ola de solidaridad regional hacia Petro. Las declaraciones de Samper también apuntan a que el Gobierno estadounidense estaría usando la lucha antidrogas como instrumento de control geopolítico.

Progresismo y percepción interna

Aunque Samper respalda a Petro, reconoce que el Gobierno enfrenta serios desafíos internos, como la fragmentación del bloque progresista y la pérdida de apoyo en sectores urbanos. Sugió la necesidad de conformar un Frente Amplio que aglutine a los movimientos sociales y partidos afines de cara a las próximas elecciones. En su visión, solo una coalición amplia permitiría consolidar el proyecto de transformación social que Petro intenta liderar y resistir las presiones externas.

Desde el punto de vista diplomático, Samper advirtió que la confrontación con Estados Unidos podría derivar en un enfriamiento de las relaciones bilaterales si no se restablece el diálogo en términos de respeto mutuo. Sin embargo, también destacó que esta crisis ofrece una oportunidad para redefinir el papel de Colombia como actor autónomo dentro de América Latina, fortaleciendo su integración con México, Brasil y Chile.

No podemos permitir que América Latina y el Caribe retrocedan a los tiempos oscuros de la Operación Cóndor y el apoyo a las dictaduras militares de los años setenta y ochenta.

Los bombardeos a lanchas en el Caribe, sin respetar el derecho internacional, y las recientes… pic.twitter.com/5qSNrkEWZP

— Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) October 17, 2025

Ecos históricos y proyección futura

La defensa de Samper no es solo una opinión política: también es un reflejo del histórico conflicto entre soberanía nacional y presión internacional. Su intervención puede interpretarse como un intento de recuperar la narrativa de independencia que marcó a la izquierda latinoamericana en el siglo XXI. La probabilidad de que su apoyo fortalezca a Petro en el corto plazo es alta, aunque también podría avivar las críticas internas hacia el Gobierno.

A mediano plazo, el desenlace de este episodio dependerá de la capacidad del Ejecutivo para demostrar resultados concretos en la lucha antidrogas y mantener la estabilidad política. Si logra hacerlo, podría revertir la percepción internacional y proyectarse como un referente progresista regional. De lo contrario, las sanciones y las sospechas podrían consolidarse como un obstáculo duradero para su legitimidad global.