La Sede Fiscal Descentralizada de San Carlos de Bariloche, a cargo del fiscal general Fernando Arrigo, junto a los auxiliares Gustavo Revora y Tomás Labal, formalizó una investigación penal contra dos mujeres de nacionalidad rusa acusadas de integrar una organización criminal con fines de explotación sexual y reducción a la servidumbre.
En una audiencia que culminó este jueves, el juez de Garantías Gustavo Zapata mantuvo las medidas cautelares adoptadas: la retención de pasaportes y la prohibición de salir del país. Estas restricciones ya se habían dictado cuando las imputadas fueron demoradas en Neuquén tras una denuncia del dueño de la hostería donde se alojaban. En ese momento, la policía secuestró computadoras, teléfonos celulares y ropa erótica.
La investigación, que cuenta con el apoyo técnico de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), permitió establecer la conexión entre las imputadas y el resto de los integrantes del grupo. A partir de los análisis informáticos, los fiscales acreditaron su participación activa en la organización.
Además, el juez extendió el plazo de investigación hasta el 3 de abril de 2026, con el fin de completar las pericias y profundizar en la trama internacional del caso.

En paralelo, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó la prisión preventiva del presunto líder del grupo, quien permanece alojado en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, en Rawson (Chubut).
Según los investigadores, Konstantin Rudnev sería el fundador de una secta surgida en Rusia en los años 90, condenado allí por abuso sexual, con un pedido de comparendo internacional vigente en Montenegro.
La causa se inició tras la denuncia de personal médico del hospital público de Bariloche, que habrìa detectado que la joven embarazada estaba bajo control de otras personas, aunque ella lo negó.
El caso sigue bajo investigación por trata de personas, explotación sexual y reducción a la servidumbre, con un total de 19 imputados activos.