Un año después del trágico derrumbe de la marquesina de la estación ferroviaria de Novi Sad, en el norte de Serbia, las calles volvieron a llenarse de velas, pancartas y gritos de reclamo. Familias de las víctimas, estudiantes y ciudadanos comunes marcharon nuevamente para exigir justicia por las 16 personas que perdieron la vida y por las decenas de heridos que dejó el colapso.
El 1° de noviembre de 2024, la estructura principal del andén cedió repentinamente mientras centenares de pasajeros esperaban un tren. El desplome, que ocurrió apenas meses después de la inauguración de las remodelaciones del edificio, desató una conmoción nacional. Lo que en principio se presentó como un “accidente imprevisto” pronto se transformó en un escándalo político al descubrirse que la obra había sido adjudicada a una empresa sin experiencia y con vínculos directos con funcionarios del gobierno.
Las investigaciones posteriores revelaron una cadena de negligencias: materiales de baja calidad, inspecciones omitidas y una supervisión estatal casi inexistente. Las autoridades prometieron juicios rápidos, pero a un año de los hechos, los procesos siguen demorados y ninguna figura de peso político ha sido condenada. Este estancamiento judicial se convirtió en el motor de las protestas que hoy recorren las principales ciudades del país.
En las calles de Belgrado y Novi Sad, los manifestantes portan fotografías de las víctimas y pancartas con la consigna “No fue un accidente”. Para muchos serbios, el derrumbe simboliza la fragilidad de las instituciones y la corrupción enquistada en los grandes proyectos de infraestructura. En la última década, Serbia ha apostado a una modernización acelerada de su red ferroviaria y carreteras, financiada en gran parte con créditos externos. Sin embargo, el control sobre esas obras ha sido cuestionado por organizaciones civiles que denuncian contratos opacos y sobreprecios.

El desastre también puso en evidencia un problema estructural: la precariedad del sistema de control urbano y la falta de independencia judicial. Desde los años noventa, Serbia intenta recomponerse tras las guerras de los Balcanes y la transición política posterior a la caída del régimen de Milosevic. Aunque el país busca integrarse plenamente en la Unión Europea, la corrupción y la concentración de poder siguen siendo obstáculos recurrentes.

A lo largo del último año, distintos movimientos ciudadanos surgieron al calor del reclamo por Novi Sad. Universitarios, arquitectos y activistas formaron colectivos que exigen una ley de transparencia en obras públicas y auditorías internacionales sobre los contratos estatales. Las marchas no solo reclaman justicia por las víctimas, sino también una transformación profunda del sistema político.
Mientras tanto, las ruinas del andén derrumbado permanecen cercadas y sin reconstrucción. Allí, familiares y vecinos colocan flores cada mes, en un gesto de memoria y resistencia. Un año después, la herida sigue abierta y la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuántas tragedias más necesitará Serbia para reconstruir la confianza en sus instituciones?