 
				 
																			El fiscal Martín López Perrando, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61, apeló el sobreseimiento dictado en favor del excompañero de Diego Fernández Lima, el adolescente desaparecido hace 41 años cuyos restos aparecieron el 20 de mayo pasado en el jardín de una vivienda del barrio porteño de Coghlan.
La presentación se realizó ante el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 56, Alejandro Litvack, quien el lunes pasado dispuso el sobreseimiento de N.C.G., imputado por encubrimiento agravado y supresión de evidencia, luego de haber sido indagado el 17 de octubre.
El juez sostuvo que, como el homicidio de Fernández se encuentra prescripto por el paso del tiempo, el encubrimiento tampoco sería punible, al considerar que “para su configuración es necesario que el delito anterior aún esté en condiciones de ser perseguido”.
Además, Litvack argumentó que las explicaciones que el imputado dio a los obreros tras el hallazgo -sobre la supuesta existencia de “una iglesia”, “un establo” o un “camión que pudo haber traído tierra con esos huesos”- no fueron formuladas ante autoridades, sino ante particulares, y por lo tanto no configuraban una maniobra penalmente relevante.
El fiscal López Perrando cuestionó esa interpretación y remarcó que “el delito de encubrimiento es un delito autónomo” que debe analizarse por separado del homicidio. Planteó que no se puede dar por prescripto el crimen cuando no hay aún un autor identificado, y recordó que la jurisprudencia permite acreditar el delito encubierto “inclusive dentro del mismo proceso contra el encubridor”.
“El homicidio de Diego Fernández y su posterior enterramiento en el inmueble (…) se encuentra por demás acreditado”, afirmó, y sostuvo que la evidencia reunida permite afirmar “con razonable grado de probabilidad” que el crimen ocurrió en la casa del sospechoso.
Para el fiscal, las explicaciones dadas por el acusado son “absolutamente inverosímiles” y muestran “una intención deliberada de desviar la atención y generar hipótesis falsas”. Agregó que los restos fueron hallados tras 41 años de búsqueda y que “el enterramiento original se encuentra completamente ubicado dentro del predio” del imputado.

El caso se reactivó el 20 de mayo, cuando obreros que trabajaban en una medianera encontraron restos óseos en el fondo del domicilio de avenida Congreso 3742, donde vive el acusado. El Equipo Argentino de Antropología Forense determinó que pertenecían a Fernández, quien desapareció el 26 de julio de 1984.
La investigación acreditó además que el imputado y la víctima habían sido compañeros en la ENET N° 36 y que ambos cursaron segundo año juntos. El fiscal calificó como “inverosímil” que N.C.G. dijera no recordarlo.
Testigos también relataron que antes del hallazgo el acusado había pedido especial cuidado respecto a un árbol cerca del sitio donde luego aparecieron los restos, y que tras el descubrimiento buscó convencer a los presentes de que se trataba de huesos antiguos.
En un tramo final del escrito, López Perrando apeló al impacto humano del caso. “A Diego Fernández lo volvimos a matar”, sostuvo, aludiendo al sufrimiento de la familia, que buscó al joven durante más de cuatro décadas.
“Hay una verdad pudriéndose en el alma de los participantes de este homicidio y estamos a la puerta de escucharla (…) Clausurar esta investigación no puede ser la respuesta”, expresó. Y remarcó: “Contamos con elementos suficientes para continuar con el proceso”.
El fiscal pidió que el sobreseimiento sea revocado y que la causa avance incluso hacia un eventual juicio oral, al considerar que la conducta del acusado “encuadra exactamente en la figura del encubridor” y que el presunto encubrimiento se extendió en el tiempo hasta el descubrimiento de los restos en mayo.
La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional deberá ahora resolver si confirma el sobreseimiento o avala el planteo fiscal y ordena que continúe la investigación.