Cocaína en Colombia: el dato de la ONU que genera controversia

El anuncio de la ONU de que la producción potencial de cocaína en Colombia aumentó un 53% entre 2022 y 2023 encendió una fuerte controversia en Bogotá. El presidente Gustavo Petro acusó a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) de presentar una cifra inflada y descontextualizada, asegurando que solo se tomó como referencia la productividad del Pacífico, una región donde los cultivos rinden más que en el resto del país. La afirmación abrió un debate que trasciende su gobierno: el de la fiabilidad del método utilizado por la comunidad internacional durante casi dos décadas.

Desde 2007, la UNODC aplica una metodología basada en muestreos rotativos por zonas geográficas: cada año se mide una región diferente y los resultados se extrapolan al conjunto nacional. El problema es que en 2022 no se realizaron mediciones directas, por lo que la comparación se hizo entre 2021 y 2023, amplificando artificialmente la variación porcentual. Para Petro, eso derivó en un retrato distorsionado de su gestión y sirvió de argumento para la reciente descertificación de Estados Unidos al país en materia de lucha antidrogas.

Metodología y responsabilidad compartida

Los expertos coinciden en que la metodología tiene limitaciones conocidas y que el actual Gobierno no es el primero en enfrentarlas. Durante las administraciones de Uribe, Santos y Duque, las mismas críticas aparecieron periódicamente sin que se implementaran reformas sustantivas. El sistema depende de dos variables: las hectáreas cultivadas de coca y la producción potencial de cocaína, siendo esta última la de mayor incertidumbre. En 2023, la ONU calculó unas 253.000 hectáreas, un incremento moderado, pero la cifra de producción proyectada duplicó el impacto mediático del informe.

La Fundación Ideas para la Paz advierte que el Gobierno no ha desarrollado un sistema nacional de monitoreo alternativo, lo que lo mantiene dependiente de las estimaciones externas. Aún así, los analistas reconocen que, pese a las inconsistencias, los informes de la ONU son los únicos comparables en el tiempo. La polémica actual no es una excepción técnica, sino una consecuencia de cómo las cifras se instrumentalizan políticamente en un contexto de tensiones diplomáticas.

El costo político de los números

El discurso de Petro busca desmarcarse de la responsabilidad por el aumento de la producción y trasladar el foco a la credibilidad de la ONU. Sin embargo, esta estrategia también ha reactivado las sospechas de Washington sobre la eficacia del modelo colombiano de sustitución de cultivos y control territorial. La disputa por las cifras, más que un problema estadístico, refleja la falta de confianza mutua entre Bogotá y sus socios internacionales, un punto que podría afectar la cooperación en seguridad y desarrollo rural.

En el plano interno, el Gobierno enfrenta una narrativa adversa: la de un país que produce más cocaína que nunca, pese a su discurso de paz total y reformas agrarias. Para la opinión pública, la discusión técnica sobre el muestreo o la extrapolación resulta lejana frente a una percepción de fracaso. Cada informe amplifica el desgaste político de Petro y lo obliga a una defensa reactiva que debilita su iniciativa diplomática.

El Presidente @petrogustavo advirtió que hubo una “trampa” en las mediciones internacionales sobre el potencial de cocaína en Colombia.

“La trampa fue decirle al mundo que tenemos un potencial de cocaína más alto que en 2022, sustancialmente más alto, sólo porque los señores de… pic.twitter.com/NzHp9a8ONJ

— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 18, 2025

Entre la percepción y la realidad

Aunque es probable que las cifras de la ONU estén sobreestimadas, también lo es que la producción real haya aumentado, aunque en menor magnitud. El error de fondo no está solo en los datos, sino en la falta de un sistema científico propio que combine teledetección, verificación satelital y evaluación social de los territorios. Mientras Colombia dependa de mediciones externas, el debate seguirá atrapado entre la defensa política y la sospecha técnica.

El caso deja al descubierto un dilema estructural: ningún gobierno colombiano ha podido separar las políticas de drogas de la diplomacia. La producción de cocaína no solo se mide en toneladas, sino en confianza internacional. En ese sentido, la disputa entre Petro y la ONU marca un nuevo capítulo de una historia repetida, donde la metodología estadística termina siendo un campo más de batalla.