19/12/2025 - Edición Nº1046

Internacionales

Represión creciente

Amnistía Internacional bajo ataque: el caso que alerta al mundo

30/10/2025 | El gerente de Amnistía Internacional Venezuela fue retenido por la DGCIM en Maiquetía, un nuevo episodio de acoso contra los defensores de derechos humanos.



La retención de Manuel Finol, artista, activista y gerente de Amnistía Internacional Venezuela, en el aeropuerto de Maiquetía, marca otro capítulo en la escalada de persecución contra las voces críticas del régimen de Nicolás Maduro. Según denunció la propia organización, Finol fue interceptado por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes le informaron que sería sometido a una revisión de su celular y a un traslado no especificado. El hecho provocó una ola de condenas de organizaciones nacionales e internacionales, que exigieron su liberación inmediata.

Finol, conocido por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos y en el ámbito artístico, fue liberado horas después, aunque impedido de viajar. Para Amnistía Internacional, este episodio demuestra que el Gobierno venezolano continúa utilizando métodos de intimidación y control sobre quienes denuncian sus abusos. La ONG calificó la detención como arbitraria y alertó sobre un patrón sostenido de hostigamiento a defensores civiles, periodistas y miembros de organizaciones no gubernamentales.

Un patrón de persecución sistemática

Desde 2019, diversas agencias de derechos humanos han documentado centenares de detenciones arbitrarias vinculadas al aparato de seguridad del Estado venezolano. La DGCIM, en particular, ha sido señalada por la ONU y por Human Rights Watch por violar garantías procesales, realizar interrogatorios sin orden judicial y mantener a los detenidos en condiciones de aislamiento. En ese contexto, la retención de Finol no es un caso aislado, sino parte de un modelo de represión institucionalizada.

El aeropuerto de Maiquetía, controlado por fuerzas militares, se ha convertido en un punto de control político: decenas de activistas, opositores y periodistas han sido retenidos, despojados de sus pertenencias o impedidos de salir del país. La acción contra Finol revive el temor entre las organizaciones independientes que operan bajo constante vigilancia, en un país donde la criminalización de la disidencia se ha vuelto una práctica cotidiana.

El silencio oficial y la erosión del Estado de derecho

El Gobierno de Maduro no emitió declaraciones sobre el caso, mientras los medios estatales guardaron silencio absoluto. Sin embargo, la respuesta internacional fue inmediata: Human Rights Watch, Provea, el Foro Penal y la OEA exigieron explicaciones y advirtieron que estas acciones son incompatibles con los compromisos internacionales asumidos por Venezuela. Las embajadas europeas en Caracas también expresaron su preocupación y recordaron que la persecución de defensores constituye una violación directa del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La detención de Manuel Finol se suma a una larga lista de atropellos que revelan el deterioro del Estado de derecho y la consolidación de un aparato represivo que busca sofocar cualquier forma de disidencia. A pesar de su liberación, el mensaje del régimen es claro: nadie que cuestione el poder está a salvo. Cada nuevo caso reafirma que en la Venezuela de Maduro, la ley se subordina a la lógica del miedo y la impunidad.