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La medida se formalizó en junio a través de la Resolución 452/2024, que obligó a los gobiernos locales a definir qué hacer con los proyectos paralizados: devolver el dinero recibido, finalizar las obras con financiamiento nacional, o continuarlas con recursos propios.
El programa, destinado a promover pequeñas obras de infraestructura en más de 2.300 municipios, registraba 951 proyectos inconclusos al momento de la asunción de Caputo, con un saldo total de $598.522 millones en manos de los gobiernos locales.
La resolución justificó el pedido al considerar necesario “dejar sin efecto programas que no responden a criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”.
Sin embargo, el nivel de cumplimiento fue mínimo. De acuerdo con información publicada por Infobae, solo 11 municipios de Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba devolvieron parte de los fondos durante 2024. En conjunto, restituyeron $370,8 millones, una cifra muy por debajo de los casi $600 mil millones reclamados por el Ministerio.
Entre los municipios que respondieron al pedido figuran Diamante, General Las Heras, Guaminí, San Benito, Viale, Colón, Monte Leña, Victoria, Chascomús, Libertador San Martín y Alejandro Roca.
El municipio de Victoria (Entre Ríos), gobernado por Isa Castagnino (PJ), fue el que más devolvió, con $82,6 millones. Le siguieron Chascomús, con $81,5 millones, y San Benito, con $70 millones. En el otro extremo, Monte Leña (Córdoba) restituyó apenas $600 mil.
Desde el Ministerio de Economía no ofrecieron detalles sobre el destino del resto de las obras: si fueron finalizadas con fondos nacionales o con recursos propios de los gobiernos locales.
La resolución fija que, para continuar los proyectos con asistencia del Estado, estos deben concluirse en un plazo máximo de 120 días, siempre que cuenten con el aval correspondiente.
Cuando un municipio decide proseguir sin apoyo nacional, la normativa exige una evaluación fundada que considere el grado de avance, el interés público y los costos asociados. Los montos a devolver se actualizan según la Tasa Activa del Banco Nación vigente al momento de la rescisión de cada convenio.
La iniciativa de Caputo se enmarca en una política de ajuste fiscal y revisión del gasto impulsada por el Gobierno nacional. Si bien el ministro defendió la necesidad de revisar los programas heredados, también admitió errores en la implementación. “Le dábamos dos escarbadientes (...). Fue un error de mi lado no haberme involucrado más en lo político”, reconoció recientemente, en alusión a las dificultades iniciales de gestión.
Con los reclamos de devolución en marcha, el Ministerio de Economía busca cerrar uno de los capítulos más costosos del plan Argentina Hace, mientras los municipios analizan si devolver los fondos o retomar las obras con sus propios recursos.
FS