En un fallo que sacudió al mundo judicial porteño, una abogada fue condenada a indemnizar a su propia clienta con más de tres millones de pesos por lo que el tribunal calificó como un caso de “mala praxis profesional”. La sentencia, emitida por un juzgado civil de la Ciudad de Buenos Aires, consideró probado que la letrada omitió actuar dentro del plazo legal en un reclamo por un accidente de tránsito, ocasionando la pérdida definitiva de los derechos de su representada.
El conflicto se originó en 2017, cuando la mujer damnificada por un grave siniestro vial buscó asesoramiento legal para iniciar una demanda de daños y perjuicios. La profesional tomó el caso, pero con el correr de los meses comenzaron las irregularidades: el expediente quedó paralizado y las actuaciones judiciales nunca avanzaron. La falta de movimiento llevó al tribunal a declarar la caducidad de instancia, lo que dejó sin efecto todo el proceso y clausuró las posibilidades de obtener una reparación económica.
La víctima, al descubrir que su reclamo había sido abandonado, decidió iniciar una demanda contra su propia abogada. Durante el juicio se demostró que la profesional no solo había omitido presentar los escritos necesarios, sino que además ignoró los múltiples intentos de contacto de su clienta. Para los jueces, la conducta de la letrada configuró un “abandono abierto y consciente del caso”, situación que vulneró el derecho a una defensa efectiva.
La Justicia consideró que existían altas probabilidades de que la víctima hubiese ganado el juicio original y, en consecuencia, fijó una indemnización de más de tres millones de pesos. La cifra contempla tanto la pérdida del reclamo principal como el daño moral derivado del prolongado calvario judicial. Según la sentencia, el proceder de la abogada “frustró las legítimas expectativas de la actora y vulneró la confianza depositada en su representación profesional”.
En 2023, un nuevo abogado que tomó conocimiento del expediente confirmó lo irreversible: la causa había prescripto y no existía margen para volver a litigar. La resolución se transformó así en un precedente clave sobre los límites de la responsabilidad profesional en el ámbito jurídico. Más allá del monto, el fallo deja una advertencia contundente: la negligencia en el ejercicio del derecho también puede pagarse caro.