La histórica represa binacional de Itaipú vuelve a estar en el centro de una disputa entre Paraguay y Brasil, tras el avance de un proyecto en el Congreso brasileño que busca reducir la tarifa energética aplicada al suministro proveniente de la hidroeléctrica. La iniciativa pretende ajustar el precio al nivel de los costos operativos, eliminando los fondos socioambientales que actualmente benefician a comunidades paraguayas y brasileñas del área de influencia. La medida, de prosperar, podría representar una pérdida millonaria para el Tesoro paraguayo.
El debate ocurre en un momento clave, a poco más de un año de la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, que definirá el nuevo esquema tarifario a partir de 2026. En Brasil, legisladores de la Comisión de Infraestructura del Senado respaldaron la propuesta, argumentando que el costo de la energía debe reflejar únicamente la operación y el mantenimiento de la represa. Detrás de esa fórmula técnica, sin embargo, se esconde una disputa política por el control de los excedentes que Paraguay considera parte legítima de su beneficio como copropietario.
La posición brasileña, impulsada por sectores afines al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, busca consolidar un nuevo marco de precios antes de que inicien las negociaciones bilaterales formales. En Asunción, en cambio, el gobierno de Santiago Peña mantiene una postura de bajo perfil que genera inquietud entre diplomáticos y técnicos del sector energético. Los especialistas advierten que el silencio de Paraguay podría debilitar su posición negociadora, especialmente si Brasil llega con un consenso político interno previo.
Según fuentes de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la eliminación de los fondos socioambientales supondría un recorte de entre 120 y 150 millones de dólares anuales, recursos destinados a becas universitarias, infraestructura y programas de desarrollo social. Estas partidas, financiadas por Itaipú, se convirtieron en una herramienta clave para la política pública paraguaya en las últimas dos décadas. Por eso, una eventual modificación sin compensaciones pondría en riesgo la continuidad de proyectos sociales en más de 200 municipios.
El desafío para Asunción será enfrentar la negociación con una estrategia técnica sólida, capaz de justificar el mantenimiento de la tarifa actual como garantía de equilibrio entre ambos socios. En círculos diplomáticos se menciona que Peña podría buscar apoyo político regional para fortalecer su posición frente al gigante brasileño, aunque el margen de maniobra es limitado dada la dependencia energética paraguaya del esquema binacional.
En términos económicos, la reducción tarifaria propuesta por Brasil tendría un impacto directo en los ingresos del Estado paraguayo y en la autonomía de su política energética. La probabilidad estimada de que el Congreso brasileño apruebe una versión reducida de la tarifa antes de 2026 ronda el 70%, mientras que las chances de que Paraguay logre preservar íntegramente sus fondos sociales se sitúan en torno al 40%. En este nuevo capítulo de la relación bilateral, Itaipú vuelve a mostrar que la energía también es poder político.

Desde su construcción en 1973, Itaipú ha sido un símbolo de cooperación y conflicto entre ambas naciones. El fin del endeudamiento del proyecto en 2023 abrió la puerta a un nuevo ciclo de debate sobre la distribución de beneficios, donde la asimetría económica entre los socios vuelve a pesar en la balanza. La clave para el futuro será encontrar un punto de equilibrio que permita a Paraguay preservar su soberanía energética sin romper el vínculo estratégico con Brasil.
Mientras tanto, el gobierno de Peña enfrenta el reto de transformar el debate en una causa nacional. Defender los fondos de Itaipú no sólo implica cuidar un recurso económico, sino también proteger una herramienta de inclusión social que ha marcado el desarrollo del país. En el tablero energético sudamericano, la represa binacional vuelve a demostrar que su corriente sigue moviendo tanto turbinas como voluntades políticas.