Seguridad hemisférica
01/11/2025 - Edición Nº998
Internacionales
Crisis política
Bernardo Arévalo y el desafío más grande a su presidencia: ¿quién ganará?
31/10/2025 | La confrontación entre el presidente y Consuelo Porras escaló a un punto crítico, con denuncias cruzadas y acusaciones de intento de golpe institucional.
Bernardo Arévalo.
El presidente Bernardo Arévalo enfrenta su momento más tenso desde que asumió el poder en Guatemala. La Fiscalía General, dirigida por Consuelo Porras, mantiene una ofensiva judicial que amenaza con paralizar la gestión del mandatario y socavar su legitimidad. Desde denuncias penales contra miembros de su gabinete hasta solicitudes para retirarle la inmunidad presidencial, el conflicto ha adquirido una dimensión institucional sin precedentes en la historia reciente del país.
En el centro del conflicto está el control de las instituciones judiciales. Arévalo acusa a Porras de encabezar una estrategia de "golpe de Estado técnico", amparada en procesos judiciales con fines políticos. La tensión se agravó tras los casos de la fuga de pandilleros del Barrio 18 y el contrato con la ONU (UNOPS), que la Fiscalía utilizó para justificar nuevas acusaciones contra su gobierno. Mientras tanto, la opinión pública se polariza entre quienes ven en Arévalo un reformista acorralado y quienes lo acusan de debilitar el orden institucional.
Judicialización del poder
El Ministerio Público ha abierto frentes múltiples para debilitar al Ejecutivo. Además de los procesos penales, se reactivó el intento de disolver el partido Movimiento Semilla, base política del presidente, una acción que fue frenada por la Corte de Constitucionalidad. Este patrón de judicialización del poder es interpretado por analistas como un caso de lawfare, una guerra jurídica que busca desgastar al gobierno y condicionar su margen de acción.
A nivel internacional, la figura de Consuelo Porras se encuentra debilitada: está sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá por obstruir la justicia y socavar la democracia. Sin embargo, su permanencia en el cargo hasta 2026 mantiene viva la tensión. La Fiscalía ha consolidado alianzas con sectores conservadores y empresariales, lo que refuerza su poder frente a un Ejecutivo que intenta sobrevivir en un entorno institucional adverso.
Un pulso por la democracia
El futuro político de Guatemala dependerá de cómo se resuelva esta confrontación. Arévalo intenta apoyarse en la comunidad internacional y en la presión social interna para preservar el equilibrio democrático, mientras que el Ministerio Público apuesta por prolongar la crisis hasta el recambio de autoridades en 2026. Las próximas semanas podrían definir si el gobierno logra recuperar la iniciativa o si la parálisis institucional se vuelve irreversible.
El conflicto no solo expone una lucha de poder, sino también el desgaste del modelo de justicia guatemalteco, atrapado entre la autonomía fiscal y la rendición de cuentas democrática. Si Arévalo logra resistir el asedio sin romper el marco constitucional, podría sentar un precedente de fortaleza institucional. Pero si la ofensiva judicial prospera, Guatemala podría entrar en una fase de retroceso democrático con alto costo para su gobernabilidad.
⚡️🇬🇹El canciller de Guatemala denuncia persecución contra Bernardo Arévalo por la Fiscalía
— RT en Español (@ActualidadRT) October 31, 2025
El canciller de Guatemala denunció ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la persecución penal impulsada por el Ministerio Público contra el presidente Bernardo Arévalo. pic.twitter.com/HHpuxqkVZp
Horizonte incierto
La batalla entre Arévalo y Porras simboliza algo más profundo: la disputa por el sentido mismo del poder en un país marcado por la corrupción y la desconfianza. Las probabilidades de que el presidente mantenga el control sin ceder terreno se estiman en torno al 35%, frente a un 65% de riesgo de inestabilidad prolongada. En cualquier caso, el desenlace de esta pugna definirá el rumbo institucional de Guatemala durante la próxima década.
