El silencio impuesto: los crímenes contra periodistas que el mundo olvida

Ser periodista, en muchos países, sigue siendo una profesión de alto riesgo. Las cifras son contundentes: desde 1993, más de mil seiscientos periodistas fueron asesinados por ejercer su labor. En las últimas tres décadas, el 85 % de esos crímenes permanecen impunes. Dicho de otro modo, nueve de cada diez asesinatos quedan sin justicia. Esa impunidad no solo apaga una voz: debilita el derecho de toda la sociedad a saber.

El 2 de noviembre, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, no fue elegido al azar. La fecha establecida por las Naciones Unidas recuerda el asesinato, en 2013, de los periodistas franceses Ghislaine Dupont y Claude Verlon, ejecutados mientras trabajaban en Malí. Ese hecho conmovió a la comunidad internacional y llevó a las Naciones Unidas a instaurar esta jornada como un llamado global a la protección de quienes informan. Desde entonces, cada año el mundo vuelve a poner la lupa sobre una verdad incómoda: la libertad de prensa sigue siendo frágil, y defenderla es una tarea urgente.

La verdad sigue siendo una profesión peligrosa: más de mil seiscientos periodistas fueron asesinados desde 1993.

En los últimos años, América Latina se consolidó como una de las regiones más peligrosas para ejercer el periodismo. Entre 2020 y 2021, concentró casi el 40 % de todos los asesinatos de periodistas registrados en el mundo. En 2022, esa tendencia alcanzó su punto más crítico: 44 comunicadores fueron asesinados en la región, más de la mitad de las víctimas globales. México lidera las estadísticas, seguido por Brasil, Colombia y Haití. Detrás de cada caso hay historias que se repiten: reporteros locales que denunciaban abusos, investigaban vínculos entre el poder y el crimen o simplemente informaban desde zonas de conflicto.

En 2024, la cifra regional descendió a doce homicidios, pero los expertos advierten que el número no refleja una mejora real, sino un cambio en las formas de violencia. A las amenazas físicas se suman ahora el acoso digital, la persecución judicial y la censura económica. Muchos periodistas son silenciados sin disparos: a través del miedo, del descrédito o de la precariedad.

En América Latina, el peligro no siempre llega con balas: la censura económica y judicial también silencian voces.

La violencia contra la prensa adopta rostros distintos, pero un mismo propósito: controlar la información. En redes sociales, las campañas de odio y desinformación funcionan como nuevos mecanismos de censura. Las mujeres periodistas son las más afectadas por esta violencia digital, donde se mezclan la misoginia, la intimidación y la invasión a la vida privada.

Pese a los esfuerzos de organismos internacionales y programas de protección, la impunidad sigue siendo la regla. Los procesos judiciales se dilatan, los testigos callan y las investigaciones se pierden en la burocracia. En muchos países, las instituciones encargadas de garantizar justicia son las mismas que callan ante los abusos.

Recordar esta fecha no es un gesto simbólico: es un acto político. Cada crimen sin resolver debilita la democracia, alimenta la autocensura y normaliza la violencia. Defender la libertad de prensa es defender el derecho de cada ciudadano a conocer la verdad. Por eso, el 2 de noviembre no es solo una efeméride: es un recordatorio de que informar sigue siendo, en muchos lugares del mundo, un acto de valentía.