El hallazgo de 27 menores de edad y una joven de 18 a bordo de una embarcación en el Golfo de California ha destapado un posible caso de trata de personas con fines de explotación laboral. La embarcación, interceptada por la Secretaría de Marina cerca de las costas de La Paz, en Baja California Sur, viajaba sin rumbo claro y sin tripulación adulta visible. El grupo fue trasladado a tierra firme, donde se confirmó que los menores provenían de comunidades rurales de Chiapas y Oaxaca, algunos sin hablar español.
El operativo de rescate, realizado el jueves por la noche, fue descrito por las autoridades como un acto fortuito. Los marinos detectaron la nave a la deriva y, al abordarla, se encontraron con niños y adolescentes que parecían desorientados, fatigados y deshidratados. Ninguno portaba documentación, y varios relataron que habían sido reclutados para trabajar en campos agrícolas de espárragos y tomate en el norte del país. La Fiscalía General de la República abrió una carpeta por trata de personas, al tiempo que los menores fueron trasladados a un albergue temporal en Sinaloa.
Según fuentes oficiales, la ruta de los menores coincide con los circuitos de migración interna que abastecen de mano de obra a los cultivos del noroeste mexicano. En esos desplazamientos, miles de niños se suman a sus familias o son llevados por intermediarios que prometen salarios y alojamiento. El caso del barco reaviva la preocupación sobre el control de esos flujos, pues muchos jornaleros viajan sin supervisión estatal ni garantías básicas de protección. Las autoridades sospechan que el grupo rescatado era parte de una red mayor de traslados irregulares.
Organizaciones civiles han advertido que la frontera entre el trabajo infantil y la trata se ha difuminado peligrosamente en zonas rurales, donde la pobreza extrema y la falta de oportunidades empujan a las familias a aceptar cualquier oferta laboral. En muchos casos, los menores terminan siendo explotados en condiciones precarias, con jornadas de más de 10 horas y sin remuneración adecuada. El hallazgo del barco expone, una vez más, la persistencia de un sistema de abuso estructural vinculado a la economía agrícola del país.

El episodio ha generado cuestionamientos sobre la eficacia de los mecanismos de vigilancia en el Golfo de California, una zona estratégica donde confluyen rutas pesqueras, comerciales y ahora también humanas. Expertos apuntan a una ausencia de coordinación entre autoridades federales y locales, lo que permite que embarcaciones con fines ilegales pasen inadvertidas. A ello se suma la escasez de recursos para inspecciones laborales en los campos del norte, donde los inspectores apenas cubren una fracción de las plantaciones activas.
A mediano plazo, el caso podría convertirse en un punto de inflexión para visibilizar un fenómeno arraigado: la explotación de menores como mano de obra barata dentro del propio territorio mexicano. Si las investigaciones confirman la existencia de una red, el país enfrentará la tarea de reformar su sistema de protección infantil y reforzar la vigilancia en el corredor agrícola del Pacífico. Mientras tanto, los 27 adolescentes rescatados se convierten en el símbolo de un drama que México lleva demasiado tiempo sin mirar de frente.